A las 00:00 de ayer, nueve de los 10 procesados en el caso “Sol Rojo” iniciaron una huelga de hambre indefinida. Abigail Heras, Cristina Campaña, Fadua Tapia, Luis Gallegos, Héctor Estupiñán, Royce Gómez, César Zambrano, Pablo Castro, Víctor Hugo Vinueza y Luis Merchán, fueron detenidos, el pasado 3 de marzo, en una vivienda en el sector de Luluncoto, al sur de Quito.

Posteriormente, los jóvenes fueron acusados de presuntos actos de sabotaje y terrorismo por la Fiscalía, y el próximo lunes, 10 de diciembre, serán juzgados, el mismo día además se conmemorará el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Fiscalía ha asegurado que los jóvenes pertenecen al Grupo de Combatientes Populares (GCP), a quienes se les atribuyó la colocación de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entre las evidencias hay cuadernos,   mensajes de texto y seguimientos en redes sociales. 

Debido a que los testigos de ambas partes superan las 100 personas, se considera que el juzgamiento demorará entre 10 y 15 días, aseguró uno de los abogados de la defensa, Patricio Armijos. Entre los testigos se encuentran miembros de la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional que participaron del operativo, así como decanos,  profesores y jefes de las instituciones en las que laboraban hasta antes de su detención.  

Armijos señaló, también, que el fiscal José Luis Jaramillo no entregó todos los requerimientos y las diligencias que los abogados de la defensa solicitaron en la etapa de la instrucción fiscal. En vista de esta situación, en la etapa de juicio, ante el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, nuevamente pidieron que se lleven a cabo las mismas diligencias.

Sin embargo, Jaramillo, mediante un escrito, solicitó la revocatoria de las providencias a las cuales el Tribunal dio paso. “Se han forjado pruebas, con lo que demuestran que existe un delirio de persecución por parte de la Fiscalía”, aseguró Armijos.

El proceso de los “Diez de Luluncoto” consta de 46 cuerpos, en los cuales la defensa asegura que no existen  elementos de convicción que involucren a los detenidos bajo el presunto delito de terrorismo, añadió Gonzalo Realpe, otro de los abogados defensores.

Durante el proceso, y en diferentes instancias, se han negado cuatro recursos presentados por la defensa sin considerar que ninguno tiene antecedentes penales. Realpe agregó que por las intromisiones políticas que hay en el caso, sospechan que la pena que se quiere imponer a los detenidos sea de 4 años de reclusión menor extraordinaria.