Las 'casas colectivas' serían un centro de salud

Una semana después de que las autoridades recorrieran los pasillos de los bloques conocidos como ‘casas colectivas’ se reunieron en la Gobernación del Guayas para empezar a planear las medidas que se tomarán para realizar una intervención integral en el sitio.

La edificación es inhabitable, según se determinó en un informe realizado en 2014, en el que participaron la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Departamento de Infraestructura del IESS, CNEL e Interagua. “Se evaluará si es factible la demolición o remodelación. ¿Qué vamos a hacer ahí?”, cuestionó el gobernador de Guayas, Julio César Quiñónez. El plan A es implementar un centro de salud (nivel 1); es decir, establecer un servicio para el sector, en el que hay unas 65 mil personas en el radio de acción del edificio.

Un perito calificado desde el IESS planteará el informe de la estructura para revalidar la información de no habitabilidad de las ‘casas colectivas’. Así se informó después de la reunión que mantuvo ayer la ‘Mesa técnica’, conformada por varias instituciones, en la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil.

Las autoridades anunciaron que se pedirán los permisos respectivos a organismos competentes para el trabajo que se ejecutará y que será establecido tras un censo. “Se está haciendo paralelamente un estudio de parte del Instituto de Patrimonio Cultural acerca de la historia y lo que implica el edificio para la ciudad, a fin de que se restaure la fachada y funcione un hospital, centro de salud, escuela, museo o lo que fuere”, sostuvo Quiñónez. Agregó que desde 2005 no se han cancelado aproximadamente $ 5.000 mensuales de energía eléctrica consumida ilegalmente. Además de la deuda de cerca de $ 100 mil a Interagua”.

El censo se realizará con la Universidad de Guayaquil para conocer la situación socioeconómica de las familias que ahí habitan. La fecha no se precisó para evitar que personas que no habitan en el sitio busquen beneficiarse. “El objetivo es saber qué familias necesitan reubicación. Un principal requisito para la ayuda es un plan de pago de todo lo adeudado. No vamos a tener convenio con quienes no se comprometan a pagar lo adeudado”.

Los condominios, en los que habitan unas 690 personas de 354 familias, están ubicados entre las calles Gómez Rendón, Calicuchima, avenida del Ejército y José Mascote, a un par de cuadras de distancia del colegio Guayaquil. Un habitante de uno de los bloques indicó que el lugar no es un ‘nido de ratas’ de donde salen los delincuentes. “Más bien, como no hay seguridad, aquí se suelen meter para esconderse”.

Asimismo, aceptó que los estudiantes pueden correr riesgos, pero no es porque las personas que ahí viven sean peligrosas, sino porque los alrededores también se pueden prestar para cometer ilícitos, porque hay calles que no son tan transitadas o hay espacios oscuros.

“Las casas colectivas por muchos años han sido una verdadera problemática para el sector, se ha vuelto de una necesidad de habitabilidad a un foco de inseguridad y de insalubridad”, decía Julio César Quiñónez el 20 de marzo cuando recorrió los predios. Ese mismo día, conoció un consultorio que funcionaba en uno de los departamentos de planta baja y en el que supuestamente se practicaban abortos, el cual se cerró. En el espacio, una habitación de 4x4 metros, se hallaron instrumentos quirúrgicos y una camilla para ginecología.

Pedro Paredes, miembro de la asociación de inquilinos, relataba justo afuera de la casa en que vive con su mujer más de 46 años, que tomaron el nombre de ‘colectivas’ porque supuestamente se buscaba la unión entre vecinos. “Hace 25 años todo empezó a deteriorarse y la unión que se esperaba no se dio. Lo primero que hubo fue pandillas y eso provocó microtráfico. Somos pocos los que nos preocupamos por lo que sucede, ni para un foco quieren colaborar”.

Él cuenta que prefería caminar por el callejón que divide a los 2 bloques y señala las ventanas con telas metálicas rotas, tapadas con cartones o hasta con bloques de cemento. Desde los patios, en cuyo centro se desbordan las aguas servidas, se ven 3 pisos altos con paredes despintadas y con moho, telaraña, filtraciones de agua, conexiones eléctricas clandestinas, medidores dañados, más ventanas con rejas destrozadas. Algunos habitantes han derribado paredes, tal vez a punta de martillazos, para unir departamentos o para crear nuevas puertas directas a habitaciones. “Cuando quedaron departamentos desocupados, algunas personas que tenían familias numerosas unieron los espacios para vivir cómodamente”, revela otra de las moradoras. (I)