El departamento colombiano de Nariño limita con el norte de Ecuador. Aquí se concentra la mayor cantidad de sembríos de coca del país, sobre todo en el municipio de Tumaco.

Sus selvas tupidas y ríos que desembocan en el Pacífico son el escenario ideal para quienes por décadas controlan el negocio de la venta de hoja de coca.

La realidad la reportó en más de una ocasión la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), desde 2001.
“Tumaco continúa siendo el municipio con mayor afectación en el país, con 23.148 hectáreas”, consta en el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), publicado en 2017 y citado por El Espectador.

A finales de 2016 se implementó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Colombia. De los 183 municipios donde están ubicadas las siembras, en 32 se concentra el 52% del total de las áreas cultivadas y donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían gran incidencia.

No fue fácil el inicio y menos cuando los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas en 2012 a 146.000 en 2016. El gobierno se fijó la meta de reducir 50.000 hectáreas a través de erradicación forzada y otras 50.000 por sustitución voluntaria.

De las 180.000 familias involucradas con los cultivos de coca, 54.000 se unieron voluntariamente al programa, pero aún no hay garantías para ellas.

Mientras en el país la tasa de homicidios se redujo, en los lugares que hay cultivos de coca subió el 11%. Y en el 55% de las zonas que se inició el programa de sustitución de plantío aumentaron los asesinatos el 33%.

No es fortuito que en Tumaco, Nariño, que cuenta con 23.000 hectáreas de coca, se registre una masacre que dejó siete muertos. Allí se ejecutaba la erradicación forzada por la Policía antinarcóticos. En los crímenes estuvo implicado el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A ello se suma que el 41% de la población que integra el PNIS tiene menos de 19 años, y por eso hay alto riesgo de ser reclutados por organizaciones armadas y para participar en otras economías ilegales, difundió el portal Semana.

La respuesta del Estado se enfoca “en la destrucción de cultivos y laboratorios y no ha estado acompañada con el restablecimiento de la presencia del Estado, la protección de las comunidades y la contención de las amenazas”, según la Fundación Ideas para la Paz, en su tercer informe de monitoreo.

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, dijo que “como resultado del impacto exitoso de la sustitución de cultivos, se incrementaron amenazas del ELN y de otras que surgen de las disidencias de las FARC y de las redes de narcotraficantes”.

En Ecuador, el 27 de enero, hubo un ataque con coche bomba en un cuartel de Policía en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas, separada de Nariño por el río Mataje.

Desde esa fecha se declaró el estado de excepción en esa ciudad y en Eloy Alfaro, también en la línea de frontera.

César Navas y Patricio Zambrano, ministros del Interior y de Defensa (respectivamente), adjudicaron el atentado a disidentes de las FARC y semanas después aseguraron que ellos están relacionados con carteles mexicanos.

El pasado fin de semana la Armada de Ecuador localizó un cultivo de coca (1.000 plantas) en el sector El Cauchal, en la parroquia Ancón de Sardinas, en San Lorenzo.

Zambrano aseguró que Ecuador está libre de estos sembríos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito declaró al país como libre de cultivos ilícitos en un informe publicado en 2013 y también en 2014.

En estos estudios se lo calificó como un país de tránsito de sustancias ilícitas. (I)