La violencia en contra de las mujeres periodistas aumenta en el 70% en México

En México, las mujeres que ejercen el periodismo están a la intemperie. La violencia en contra de ellas se ha incrementado en el 70% en los últimos dos años y se expande por las tres cuartas partes del territorio nacional, aunque el riesgo es mayor en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Ciudad de México, concluye el informe ‘El poder del cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015’.

Las periodistas mexicanas están expuestas a violencia física y psicológica, amenazas, allanamientos ilegales, ataques cibernéticos y calumnias, detalla el informe presentado en la capital, que documentó 147 casos en 24 meses. “Impera la impunidad”, lamenta el informe. Tal vez porque quienes atacan a las comunicadoras son muchas veces aquellos que deberían defenderlas: en el 54.4% de los casos, los agresores fueron servidores públicos y en el 80% de las situaciones registradas no hubo respaldo por parte de las empresas mediáticas para quienes trabajaban.

Gloria Muñoz Ramírez tiene 30 años de experiencia en prensa. Dice que nunca antes había enfrentado tiempos como los de hoy: signados por “autoritarismo, políticas de despojo y violaciones graves a derechos humanos”, al mismo tiempo que la total indefensión para quienes deciden dar visibilidad a esos temas.

“¿Quiénes somos las periodistas vulneradas? Las que estamos haciendo periodismo crítico, no aquellas que están del lado del poder o de las transnacionales. Qué bueno por ellas, pero somos las periodistas críticas a quienes atacan”, alerta Muñoz Ramírez, columnista del diario La Jornada, de tendencia progresista, y directora del portal Desinformémonos.

Agresores entraron a su casa

El medio digital que encabeza ha sufrido ciber-acoso y ella dos ataques a su domicilio, en 2007 y 2015. El 20 de noviembre del año pasado allanaron su casa en la Ciudad de México: se llevaron dispositivos móviles pero nada de valor, en cambio revolvieron cuanto pudieron, usaron su baño y dejaron un mensaje: “nuevamente estaban mis calzones manoseados y tirados sobre mi cama, idéntico a lo que me hicieron en 2007”.

Una violación a su intimidad, una alusión a su ser mujer pero sin claridad política. “Antes yo sabía a quién podía molestar mi trabajo en (comunidades indígenas de) Chiapas pero ahora no tengo claridad –dice la periodista-. ¿Molesto a las transnacionales? ¿a los gobiernos? ¡Son tantos los cacicazgos! El abanico se ha ampliado tanto como las violaciones a los derechos humanos”.

Maite Azuela, analista política y columnista en medios de comunicación, ha sufrido hostigamiento en dos ocasiones: en 2012 tras reportar sobre heridos graves durante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto y en 2015 después de presentar un informe de violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad. Opina que existe una “doble represión: a quienes se manifiestan y a los periodistas que lo cubren”.

Autoridades las silencian

El informe ‘El poder del cacicazgo’ alerta que muchas veces son autoridades quienes tratan de silenciar a las trabajadoras de prensa y además prestan poca atención a sus denuncias. Cuando una periodista se presenta al Ministerio Público por una agresión “lo primero que te preguntan es si eres casada, soltera, divorciada o emparejada. Lo que preocupa a la autoridad es tu vida personal y no tu trabajo”, cuestiona Lucía Lagunes Huerta, directora de Cimac. Así, “la justicia para las mujeres se vuelve casi inalcanzable y todo el tiempo tienes que tratar de desmontar el estereotipo”.

México cuenta con un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no ha significado cambio alguno: el informe alerta que “solo el 2% de las periodistas consideran que los resultados son eficientes”. “El mecanismo tiene diez años y ya hay toda la evidencia de que no está funcionando”, dice Lucía Lagunes mientras Gloria Muñoz Ramírez explica que después del allanamiento a su casa no aceptó la protección del sistema estatal “porque lo hice en 2007 y no sirvió de nada”.

Lydia Cacho, periodista especializada en trata de personas y violencia de género, relata su peregrinar por un laberinto burocrático después de recibir amenazas y ser blanco de agresiones por su trabajo. ‘¿De quién desconfía?’, le preguntaron funcionarios en los trámites formales al presentar una denuncia; ‘De ustedes’, fue su respuesta. Había sido secuestrada por policías.

100 periodistas asesinados

México se ha convertido en zona de riesgo para el ejercicio del periodismo. Es considerado uno de los países más peligrosos para quienes eligen esta profesión. Cerca de 100 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000.

Otra organización no gubernamental abocada a esta temática, Artículo 19, reportó que durante el año pasado las agresiones en contra de la prensa aumentaron en el 21,8%. Los datos del Cimac muestran que esa cifra se triplica en el caso de las mujeres -70%- y además “como consecuencia de la violencia, las periodistas ven limitada su libertad de expresión, obligadas a ‘bajar su perfil’ y limitar la profundidad de sus investigaciones o en casos extremos fueron desplazadas”. (I)