La implementación y aplicación de una Ley de Extinción de Dominio, como mecanismo para enfrentar la delincuencia organizada, cuenta con el respaldo en los países de la región.

Ayer expresaron su apoyo Kenya Porcell, procuradora General de Panamá y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos; Néstor Martínez, fiscal General de Colombia; Thelma Aldana, fiscal General de Guatemala y José Pérez, fiscal regional de Chile.

Durante la inauguración del encuentro internacional ‘La Extinción de Dominio como mecanismo de lucha contra la corrupción y el crimen organizado’, evento que concluye hoy, las mencionadas autoridades saludaron la decisión de Ecuador, de trabajar por una ley interna y comprometieron su apoyo.

Al iniciar el evento, que se cumple en Quito, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, sostuvo que el crecimiento del fenómeno criminal ha obligado a la justicia a encaminar todos sus esfuerzos para combatirlo y prevenirlo articuladamente.

Explicó que en Ecuador, la Fiscalía General lidera la iniciativa de incorporar a su sistema jurídico a la extinción de dominio como una institución que ataca directamente los réditos económicos originados en delitos.

La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, aplaudió la iniciativa de Ecuador para impulsar la Ley de Extinción de Dominio, pero subrayó que “un fiscal no puede solo, necesita de otros actores de la sociedad”.

Para Thelma Aldana, fiscal de Guatemala, el crimen organizado afecta a los Estados donde las instituciones son débiles. “La lucha contra la criminalidad es posible”, precisó, “pero debe complementarse con la extinción del dominio”.

Néstor Martínez, fiscal general de Colombia, resaltó el liderazgo de Ecuador para poner en marcha esta ley que busca combatir los activos ilícitos, fruto de la actividad criminal y ofreció apoyo. (I)

La propuesta
El objetivo del cuerpo legal
Con la Ley de Extinción de Dominio la Fiscalía podrá investigar el origen y la legalidad de los bienes, especialmente de quienes hayan cometido delitos y, en caso de ser producto de actividades ilícitas, traspasarlos de sus dueños al Estado.

20 de diciembre de 2017, el Fiscal General presentó a la Asamblea el proyecto de ley, para su proceso.

Trámite Legislativo empezó
La semana pasada, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dispuso que la Comisión de Justicia gestione la ley.