La nueva Intendenta ayudará a esclarecer denuncia de extorsión

Rafael Guerra, quien se desempeñó como intendente de Policía de Guayas, renunció a su cargo. En su lugar fue posesionada Aury Elizabeth Pazmiño, funcionaria de 32 años que hasta la semana anterior trabajó como comisaria de Policía en el cantón Daule.

Guerra, quien estuvo 9 meses en funciones, dejó su puesto después de que fuera denunciado, el pasado diciembre, por supuestamente cometer un delito de extorsión en contra de propietarios de un bar ubicado en la zona rosa, en el centro de Guayaquil.

Julio César Quiñónez, gobernador de Guayas, manifestó que el funcionario saliente quiere transparentar el tema en el que fue involucrado y que es investigado por la Fiscalía. “Hemos considerado importante que él se haga a un lado. Tiene todo nuestro respaldo, pero él pidió que se acepte su renuncia para dedicarle el tiempo necesario a fin de que la verdad reluzca”, aseveró.

Agregó que la Gobernación es de puertas abiertas e invitó a la ciudadanía a que haga siempre sus denuncias y que informe de cualquier irregularidad en las comisarías, intendencias, jefaturas políticas, entre otras instituciones.

A raíz de esto, Aury Elizabeth Pazmiño, de 32 años, fue nombrada intendenta encargada. La funcionaria también trabajó en la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares; es abogada especialista en Derecho Penal y cursa una maestría en Derecho Constitucional.

“Se hará hincapié en los operativos que tienen que ver con el control de los establecimientos, sobre todo para precautelar la seguridad ciudadana. Ya tenemos una planificación para los operativos del próximo feriado y los detalles se darán a conocer en los siguientes días”, mencionó Pazmiño, quien desde ayer tomó posesión del despacho. Respecto a la supuesta extorsión, la funcionaria resaltó que también colaborarán con las investigaciones para que haya transparencia.

Detalles de la denuncia

El nombre de Rafael Guerra apareció en una denuncia por, supuestamente, estar implicado en delito de extorsión. María José Salinas denunció que, el 14 de diciembre de 2015, una supuesta militante de Alianza PAIS, quien se identificó como Martha C., le exigió un pago de $ 6.000 a nombre de Guerra para que el local que había sido clausurado opere nuevamente.

La supuesta afectada aseguró, en ese entonces, que posee grabaciones de audio y mensajes como prueba. Según la denunciante, en este hecho no solo estaría involucrado el exintendente y otros funcionarios de la dependencia, sino también funcionarios de más alto rango.

Ayer el gobernador Julio César Quiñónez aclaró que la denunciante había desistido de la denuncia en su contra, como lo había hecho en un principio. Días después de la denuncia, el exintendente Guerra presentó una querella en contra de las personas que lo denunciaron. María José Salinas insistió en su denuncia que las personas que la llamaban mencionaban al Ministerio del Interior.

José Serrano, ministro de esta cartera de Estado, durante una visita al cerro Las Cabras, el cantón Durán, manifestó que conocía la denuncia en contra del Intendente y que había dispuesto de oficio que se haga una investigación. “Esa indagación está en camino y en el momento que tengamos resultados concretos los anunciaremos”. Además, destacó que así como en la Policía Nacional se aplica un proceso de autodepuración, “aquí también manejamos las cosas de forma transparente”. (I)