En diciembre de 2015, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 2 años 6 meses de prisión a los exjueces de lo Civil  de Pichincha Óscar L. y Freddy M. por el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la fiscal subrogante, Cecilia Armas, el exjuez Óscar L. se contactó con Óscar P., abogado de la compañía Inmoplaza, para ofrecerle una sentencia favorable en el juicio de expropiación de un edificio ubicado en el norte de Quito.

Para el efecto elaboraron un borrador de la sentencia de segunda instancia, en la cual se disponía el pago de $ 770.000 adicionales al precio del remate asignado originalmente, por  este trámite los sentenciados, supuestamente, recibirían alrededor de $ 77.000 cada uno, después de que el fallo fuera promulgado. En esta transacción también fue implicado Édgar F., quien  actualmente está prófugo.

Previamente el Consejo de la Judicatura inició un sumario administrativo contra los jueces, luego de que se conoció esa sentencia que incrementaba el precio del inmueble por una denuncia reservada, lo cual originó una investigación interna que desembocó en el proceso penal posterior y la consiguiente destitución de los funcionarios.

Sanciones

De enero a diciembre de 2015, la Judicatura separó de sus cargos a 119 jueces y 21 fiscales por diferentes motivos.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, indicó que el año pasado se tramitaron 1.100 sumarios por denuncias en contra de funcionarios judiciales. “Es un trabajo enorme que motivó la destitución de 119 jueces, lo cual constituye menos del 10%, ya que laboran en el país 1.900 jueces”.

El resto recibió algún otro tipo de sanción, como suspensión temporal o llamado de atención, sin embargo resaltó que más del 80% de los expedientes recibieron una ratificación de inocencia, por cuestiones de índole jurisdiccional o se determinó que no había responsabilidad en los hechos que se les imputaba, lo cual demuestra que se siguió con el debido proceso”.

Jalkh explicó que todo funcionario tiene derecho a la defensa, pero al final el pleno del organismo toma una decisión a base del informe que prepara la dirección jurídica y la unidad de transparencia. “El consejo tiene la potestad de emprender de oficio las investigaciones cuando hay la sospecha de una mala actuación o se presenta una denuncia ciudadana abrimos un  sumario”.

Manifiesta negligencia

En el Código Orgánico de la Función Judicial el artículo 109 establece 15 causales para la destitución de funcionarios, de las cuales la que más motivó la salida de jueces fue la negligencia manifiesta, que sumó 60 casos en 2015, al igual que de 14 fiscales.

Para determinar una negligencia manifiesta se debe revisar caso por caso, ya que esta causal puede usarse por ejemplo para analizar el excesivo  tiempo que un juez determina la sanción, a veces los operadores de justicia “demoran injustificadamente su dictamen, pasan un año o más sin que resuelvan, lo cual ha dejado por mucho tiempo en indefensión a la persona generando impunidad”, aclaró el director de la Judicatura, Tomás Alvear.

Además, señaló que otros funcionarios como secretarios también pueden incurrir en este tipo de sanción cuando por su causa pierden documentos o partes del proceso y que inciden en la demora o la posibilidad de un dictamen a tiempo.

El año anterior el error inexcusable fue la segunda razón para la destitución de 33 jueces y 3 fiscales.

Sobre esta figura, Alvear explicó que sucede cuando un juez o funcionario se “va contra la normativa expresa que ha significado la violación del debido proceso”.

En los casos el pleno del consejo, compuesto por los vocales y los directores de los departamentos,  analiza los expedientes y decide si opera la destitución.

El año pasado, las causas de destitución en que incurrieron los jueces tienen que ver con no haber comparecido a audiencia, manifiesta negligencia, error inexcusable, triple reiteración de sanción de suspensión, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros servicios, haber recibido condena en firme como autor o cómplice de un delito doloso reprimido con prisión, retención ilegal de proceso y manifiesta negligencia, proporcionar información falsa, acoso sexual, abandono injustificado de trabajo, error inexcusable y manifiesta negligencia, según la Judicatura. (I)