La lucha es de todos

Preocupados por la incidencia del consumo de drogas en nuestra sociedad, como Colegio de Abogados del Guayas presentamos proyectos de reforma a la tabla de consumo de drogas emitida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), en lo referente a las escalas aprobadas en los años 2013 y 2014, así como al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en aras de proteger a aquellos ciudadanos que padecen dicha enfermedad, establece sanciones muy relativas, generando el abuso y proliferación de estos microexpendedores de drogas.

Es penoso, pero científicamente se ha demostrado que si una persona adicta es separada violentamente de las drogas, esta acción puede significar la diferencia entre vivir o dejar de hacerlo, es que la adicción que estas sustancias presentan en nuestro organismo llega a tal punto de arrebatarnos la vida por su falta de consumo.

Por lo expuesto, es comprensible el espíritu de la norma, el de permitir a los adictos el porte de la droga en las cantidades necesarias para su consumo y subsistencia, con el complemento de que el Estado, por mandato constitucional debe de ocuparse de su tratamiento y rehabilitación.

Sin embargo, las cantidades identificadas como permitidas para el porte personal de drogas, parecen ser suficientes para que algunos inescrupulosos ejerzan el microtráfico y comercialización de las mismas sin que esto pueda ser sancionado por las autoridades correspondientes.

En esta circunstancia, siendo adecuada y necesaria la medida de despenalizar su consumo con el fin de garantizar la subsistencia del adicto y como tal permitirle su porte, por otro lado se presenta una ventana para el ejercicio del microtráfico.

Afortunadamente, se ha acogido nuestra recomendación y días atrás el Ejecutivo presentó la iniciativa de reducir las cantidades permitidas en tenencia de drogas, permitiendo el porte exclusivamente a quienes padecen de esta adicción, reduciendo el microtráfico con el fin de salvaguardar a nuestros niños y adolescentes, a quienes también debemos proteger, evitando que estos degradantes de la sociedad los alcancen.

El artículo 220 del COIP señala que la persona que directa o indirectamente sin autorización, oferte, almacene, distribuya, intermedie, envíe, transporte, comercialice, compre, venda, importe, exporte, tenga, posea, o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en las cantidades señaladas en escalas previstas será sancionada: mínima escala de 2 a 6 meses, mediana escala de 1 a 3 años; escala alta de 5 a 7 años; y gran escala de 10 a 13 años.

Desde mi punto de vista, el contenido de este artículo presenta la falta de diferenciación en la sanción según la gravedad y afectación que cada droga genera en el cuerpo humano, situación de imperiosa modificación, como así lo ha presentado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Pero también es imperioso el trabajo en la prevención, tanto del delito como del uso y del consumo.

Es tarea de todos, padres de familia, autoridades, educadores, en fin la sociedad toda. El CONSEP inclusive ha habilitado una línea de ayuda y orientación denominada 1800 CONSEP, en donde se brinda información sobre qué se debe hacer, qué actitud tomar cuando se sospecha que un familiar o amigo ha caído en esta penosa y dolorosa enfermedad.

Auguramos que los asambleístas de manera urgente atiendan esta iniciativa del Ejecutivo y que esta nueva herramienta permita a las autoridades prevenir, controlar y sancionar de modo idóneo el microtráfico y tráfico en mediana, alta y gran escala que tanto daño hace a nuestra sociedad y el mundo en general.

Pero no debemos cerrar nuestros ojos y nuestro corazón. La lucha es de todos. Hago un llamado a todos y cada uno de nosotros para que desde el frente en que nos encontremos, tomemos las riendas de esta grave problemática social y denunciemos a estos seres inescrupulosos por el beneficio y protección de nuestros hijos. (O)