Justicia militar allana camino de impunidad por masacre de Tlatlaya

La masacre de 22 jóvenes en Tlatlaya, México, podría quedar pronto en la impunidad, después de que la justicia castrense mexicana exoneró a 6 de los 7 militares acusados de perpetrarla. Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organización no gubernamental que ha defendido a una de las sobrevivientes y víctimas del caso, Clara Gómez González.

La madrugada del 30 de junio de 2014, integrantes del ejército mexicano abatieron a 22 jóvenes dentro de una bodega de la comunidad rural San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el estado de México. La versión oficial indica que los jóvenes perdieron la vida durante un enfrentamiento, pero meses después, organizaciones de derechos humanos y las tres mujeres sobrevivientes denunciaron que el fuego cruzado duró unos pocos minutos hasta que los jóvenes se rindieron. Sin embargo, los soldados continuaron disparando; habrían ejecutado a varios de ellos e incluso ‘sembraron’ armas a las personas ya fallecidas para simular un enfrentamiento.

Ahora, 21 meses después del hecho, el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a 6 de los 7 militares que participaron en la llamada masacre de Tlatlaya y el séptimo de los acusados fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya purgó.

Por medio de un comunicado, el centro Prodh alertó además sobre la opacidad que rodea al caso ya que Clara Gómez González no había sido notificada de las absoluciones y solo pudo acceder al expediente por medio de un juicio de amparo. Tampoco la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha permitido revisar los documentos referidos al hecho bajo argumento de que la información es ‘clasificada’. La mujer, sobreviviente de la masacre, exige justicia por su hija Érika, quien tenía 15 años de edad y murió esa noche a causa de los disparos de los soldados.

En su representación, el centro Prodh señaló que “la exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia, (…) consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.

Decisiones como fragmentar el caso en varias averiguaciones previas y reticencia a investigar a mandos del ejército, ya que “tras nueve meses (de presentado un recurso legal específico), la Procuraduría General de la República no ha citado a ningún mando militar”.

El emblemático caso se mantiene abierto en la justicia civil, donde tres militares están imputados por cargos de homicidio, aunque resulta poco alentadora la perspectiva de una sentencia favorable a las víctimas. Pese a las recomendaciones de Christoph Heyns, Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, no se ha investigado la orden de ‘abatir delincuentes’ que consta en documentos internos del ejército que han salido a la luz pública. (I)