Juez ordena prisión preventiva a tres sospechosas por presunta estafa en el caso de Unión Constructora

Luego de tres horas de audiencia, el juez de flagrancia Carlos Erazo ordenó la prisión preventiva para Margarita Guadalupe Pérez Ayala (59), Doris Paola Pachacama Pérez (31) y María Belén Gualla Chundrango (25), por considerar la existencia de indicios suficientes de la presunción de su participación en el caso de estafa de la inmobiliaria Unión Constructora. Las tres mujeres fueron detenidas la noche del sábado luego de dos allanamientos realizados en los sectores de San Rafael y La Merced.

Las detenidas son la madre y hermana del dueño y presidente de la compañía, Javier Pachacama, quien se encuentra prófugo de la justicia junto con su esposa Yesenia Torres Carvajal, desde hace más de tres semanas. Mientras que la tercera sospechosa, Belén Gualla, se desempeñaba bajo el cargo de jefa de ventas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Ruth Castillo acusó a las mujeres de ser las presuntas autoras de la estafa masiva de dos mil personas, cuyo perjuicio está calculado en 10 millones de dólares. Basándose en el informe de la Superintendencia de Compañías, Castillo detalló la participación de las involucradas en la empresa.

Según la fiscal, la responsabilidad de Margarita Pérez , madre de Javier Pachacama, radica en que se desempeñaba como accionista de la inmobiliaria desde el 2007, año en que se creó la empresa, mientras que su hija Doris Pachacama, fue presidenta de la inmobiliaria entre el 2007-2008, luego de lo cual renunció a ese cargo, pero continuó trabajando y firmando documentos de adjudicaciones de viviendas, se desempeñó además como jefa de bodega de la ferretería “Ferro Unión”, también propiedad de Pachacama.

María Gualla en cambio, fue identificada por la mayoría de afectados como la persona que ofertaba los supuestos predios y viviendas. Y que además pedía a los clientes continúen pagando las cuotas de las casas. Según la fiscal, Gualla les dijo a los perjudicados que la empresa iba a ser cerrada en el 2012 para reorganizarla, y que luego sería reabierta en el 2013, asegurándoles así que no se preocuparan.

La defensa de la madre de Pachacama aseguró que ella cedió sus acciones a su hijo y que por lo tanto ya no tenía relación con la empresa. Sin embargo, no presentaron los documentos de esa constancia. Por su parte, la Fiscalía agregó un documento con fecha 2012, en donde Margarita Pérez estuvo presente en una reunión de directorio de la inmobiliaria, constando ahí su firma.

La fiscal explicó al juez que durante el reconocimiento del lugar de los hechos, es decir las oficinas de la empresa, se constató que la mayor parte de la documentación que contenía información de clientes, predios y negocios, había desaparecido.

Durante la diligencia Margarita Pérez se acogió al silencio, mientras que las otras dos procesadas se defendieron explicando que en el trabajo que realizaban no incluía recibir el dinero de los clientes y que sus actividades se encontraban bajo las órdenes de Yesenia Torres Carvajal, accionista de la empresa.

En su defensa, Gualla señaló que hace varios meses, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, presentó la renuncia en Unión Constructora pues le adeudaban tres meses de sueldo y que actualmente trabaja en otra institución.

La sala de audiencias estuvo llena de perjudicados quienes se sintieron satisfechos por la decisión del juez. Ellos además esperan que la justicia pueda encontrar a todos los responsables de la presunta estafa y así poder recuperar el dinero invertido que va desde los mil dólares hasta los 40 mil dólares. Al final de la diligencia, el juez recalcó que la materialidad de la infracción será determinada en un Tribunal Penal y que durante los 90 días que dure la instrucción fiscal, ambas partes deberán presentar las pruebas correspondientes.

Según el Código Penal, la estafa es sancionada con una pena privativa de la libertad superior a un año.

Hace casi un mes, las denuncias de cientos de afectados de Unión Constructora salieron a la luz y se conoció que desde hace cinco años los clientes se encontraban pagando cuotas de terrenos y viviendas que nunca les fueron entregadas.  En la investigación se comprobó además que hubo terrenos y casas que fueron vendidos a más de una persona.