Como una condecoración calificaron los jueces nacionales Édgar Flores y Luis Enríquez la destitución de la que fueron objeto por parte del Consejo de la Judicatura (CJ).

El organismo les abrió un expediente administrativo luego de que el 4 de julio de 2019, la fiscal general Diana Salazar, el contralor subrogante Pablo Celi y el delegado de la Procuraduría del Estado, Marco Proaño, presentaron una queja en el CJ.

Flores y Enríquez fueron cuestionados por haber cambiado por arresto domiciliario la prisión preventiva que pesaba contra el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M., en el caso Sobornos 2012-2016.

Como consecuencia de la queja y del expediente, este miércoles 2 de octubre fueron notificados con la destitución, acataron la resolución y abandonaron sus oficinas.

No obstante defendieron su actuación y advirtieron que si tendrían que volver a tomar una resolución sobre el caso se ratificarían. “Se nos interpuso una queja por el simple capricho de uno de los sujetos procesales, porque no estuvo conforme con la decisión que fue tomada en derecho”, dijo Flores. Considera que hay la intención de “tomarse la Corte Nacional de Justicia”.

A su vez, Enríquez señaló que se busca tener “jueces timoratos”. “Lo de fondo aquí es que no les gustó la decisión porque es política”.

Anunciaron tres acciones de defensa: interponer un pedido de reconsideración en el CJ; plantear una acción de protección constitucional; y pedir medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El CJ indicó, mediante un comunicado, que tiene como tercer eje de gestión la “Independencia judicial interna y externa” y ejerce su facultad de control disciplinario conforme sus competencias constitucionales y legales.

A su vez la Fiscalía reiteró, en otro comunicado de prensa, que continuará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano y luchando contra la impunidad en el marco de la Constitución y la Ley. (I)