Internos con problemas mentales serán revaluados

Las personas privadas de la libertad (PPL) que padezcan enfermedades mentales serán ubicadas en áreas que se adecuarán dentro de los pabellones de Atención Prioritaria que solo existen en los Centros de Rehabilitación Social Regionales de Guayas, Cotopaxi y Azuay.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, indicó que para finales de este mes se sabrá cuáles internos continuarán en el Instituto de Neurociencias de Guayas y quiénes regresarán a los complejos penitenciarios.

“Justamente estos últimos días hemos estado trabajando para determinar qué personas pueden ser tratadas dentro de los centros. El nuevo modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública permite que se brinde el servicio de salud sin tener que sacar a los adultos en conflicto con la ley”.

Además, la funcionaria sostuvo que está en proyecto la elaboración de un protocolo de atención. “Vamos a analizar los casos, porque hemos visto muchos abusos”.

Segundo Romero, perito del Departamento Médico Legal de la Policía Judicial, mencionó que “hay mucha ‘viveza criolla’ para, por medio de las autoridades judiciales, enviar a los que infringen la ley al psiquiátrico y no a las cárceles. Esto se presenta sobre todo en los homicidios, femicidios o con los ‘escaperos’, que arranchan las pertenencias y cuando los captura la Policía se declaran locos”.

Romero indicó que dentro de las cárceles debería haber un equipo especializado en salud mental y celdas apropiadas para dividir a los psicópatas, esquizofrénicos, paranoicos, entre otros. “En todo delito debiera evaluarse al victimario para saber sus perfiles de agresividad, perversión sexual, entre otros”.

¿Qué dice el COIP?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP)en el artículo 36 establece que la persona que al momento de cometer la infracción no tiene 1a capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad. Si la capacidad de comprender 1a ilicitud está disminuida, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para e1 tipo penal.

La normativa también dice (artículo 76) que el internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su perturbación y 1a inclusión social. Se impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y duración.

Situación en Neurociencias

Carlos Orellana, subdirector técnico del Instituto de Neurociencias, dijo que en la casa de salud hay 18 internos, de los cuales 16 debían ser dados de alta, pero no se puede sin orden de un juez. Cada uno es custodiado diariamente por 3 policías y guías penitenciarios. “La mayoría no debería estar aquí porque no están bien diagnosticados o, si lo están, ya su enfermedad mental pasó la etapa aguda y deberían salir”.

Agregó que “nosotros no rechazamos a los enfermos mentales. El gravísimo problema que existe es la falta de tiempo y espacio para las  evaluaciones periciales. Un perito se ve forzado a establecer conclusiones con evaluaciones de 15 a 30 minutos en situaciones antitécnicas  de inseguridad y sin apoyo”.

Orellana manifestó que es necesario tener un pabellón psiquiátrico donde practicar los diagnósticos para observar al interno por unos 15 días y por 4 profesionales: enfermeros, psicólogos, médicos generales y el psiquiatra. Si un individuo quiere simular enfermedad, le será difícil aparejar las 4 observaciones”.

El especialista expresó que el manejo de toda persona privada de libertad que interponga una defensa legal por insania o enfermedad mental debería empezarse en el interior de un pabellón psiquiátrico, en la misma penitenciaría.

“En el lugar se los podría observar y constatar si en realidad presentan síntomas o sufren de una enfermedad mental. De esa manera las evaluaciones periciales serían más eficaces y se evitaría errores de diagnóstico y de sentencias judiciales”, enfatizó.

Para Orellana, una vez que se  haya comprobado, dentro del pabellón psiquiátrico de la penitenciaría, que el interno padece de una enfermedad mental que lo posibilite ser declarado inimputable, y que además haya demostrado una voluntad de cambiar y de recibir tratamiento concomitante, podría pasar a un régimen semiabierto de tratamiento en otro centro fuera del penal. “En ese momento podría ser recibido en un hospital psiquiátrico para su consulta ambulatoria y rehabilitación sicosocial en el centro diurno u hospital del día”.

De acuerdo con cifras del hospital, desde el 2013 han recibido a 36 personas privadas de libertad.