Cerca de 28 años tuvieron que pasar para que la denuncia de una detención arbitraria, tortura y desaparición forzosa cometida en contra de tres ciudadanos por parte de un grupo de militares llegará a los tribunales. Tras una investigación que inició en 2007 con la conformación de la Comisión de la Verdad, dispuesta por el Gobierno actual para recoger y verificar decenas de denuncias por delitos de lesa humanidad, hoy se judicializará el primer caso en Ecuador.

Los testimonios de Luis Vaca y Susana Cajas condujeron a los fiscales  hasta el cuartel militar de Conocoto, al suroriente de Quito, en donde permanecieron detenidos junto con Javier Jarrín. Los tres eran militantes del movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) y fueron arrestados en Esmeraldas el 10 de noviembre de 1985, en el  apogeo de la lucha antisubversiva implementada por León Febres-Cordero.

Cajas y  Jarrín permanecieron 15 días en las mazmorras militares y después los abandonaron en un terreno baldío. “No regresen a ver o se mueren”, les gritaban los militares, contó  la mujer a la comisión. Enseguida,  un patrullero de la Policía los halló en el lugar y los trasladaron al Servicio de Investigación Criminal conocido como el SIC 10, donde nuevamente fueron sometidos a agresiones físicas. Ambos ingresaron a la prisión regular y permanecieron casi un año acusados de portar documentos falsos.

Luis Vaca, en cambio, permaneció en las mazmorras de Conocoto por casi tres años. Durante todo ese tiempo, solo una vez lo sacaron para trasladarlo a otro recinto porque necesitaban su celda para otros detenidos que llegaron de Taura, recordó el hombre, quien relató a la Comisión de la Verdad que intentó suicidarse para evitar las torturas.

Fiscales de Venezuela Perú y Argentina asistirán hoy a  la CNJ a la audiencia de formulación de cargosHace unos meses, Vaca y Cajas volvieron al recinto militar de Conocoto para reconocer el sitio donde fueron torturados, en compañía de agentes  fiscales. En las instalaciones donde funcionaban oficinas y barracas, los peritos hallaron una puerta de metal que conducía a un subsuelo con algunas celdas y se comprobó que allí encerraban a las personas. Un espacio en condiciones infrahumanas, pero que seguía los lineamientos del manual sugerido por la CIA para el sistema penitenciario, el cual servía como material de estudio en la Escuela de las Américas en 1982.

“Las celdas tenían una medida específica y se contemplaba incluso la manera de iluminar, también cómo debían sonar las puertas para que causen un efecto psicológico en los detenidos”, indicó Fidel Jaramillo, presidente  de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, ente que recibió el informe de la comisión  creada en 2007 por el Gobierno para la investigación y judicialización de los casos detectados.

La Fiscalía determinó que, en el caso Vaca, Cajas y Jarrín hay indicios de responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad e implicó a cinco generales y cuatro coroneles del Ejército y a un general de la Policía Nacional, todos actualmente en servicio pasivo y cuyas edades oscilan entre los 58 y 81 años.

En la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia se desarrollará hoy, a las 09:30, la audiencia de Formulación de Cargos en contra de: Luis P., exministro de Defensa del gobierno de León Febres-Cordero; Jorge A., también exministro de Defensa en ese período y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; Carlos J., exdirector de Inteligencia del Ejército (septiembre de 1985 y enero de 1986); Marcelo D., exdirector de Inteligencia  (enero de 1987-agosto de 1988); Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto; Mario A., exdirector del AIM y quien al parecer preparó a Luis Vaca para su liberación a mediados de 1988; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); Guillermo R., también exdirector del SIQ; Fernando R., exmédico de la AIM y de quien se presume vigilaba las torturas  y suministraba el denominado “suero de la verdad” a los detenidos; y Édgar V., exjefe del SIC 10, responsable de la “lucha antiterrorista”.

De ellos, solo Édgar V. está implicado en ocho  casos más que fueron investigados por la Comisión de la Verdad, pero que hasta el momento son indagados por la Fiscalía. Al  exjefe del SIC 10, un ente clandestino  de la Policía Nacional cuya existencia se comprobó hace unos meses, se lo responsabiliza de haber participado en los casos de Mireya Cárdenas, Arturo Jarrín y Nahim Isaías, los dos últimos asesinados en operativos no esclarecidos.

A Juan V., Nelson E. y Guillermo A. también se los denunció por estar implicados en la agresión contra el exdiputado socialista Diego Delgado. Mientras que Nelson E. está  vinculado al caso de Mireya Cárdenas.  Sin embargo, la Fiscalía continúa con las indagaciones para su posible judicialización.

Al ser el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Ecuador, el caso ha llamado la atención de los países vecinos y a la audiencia de hoy acudirán los fiscales  de Perú y Venezuela, José Peláez y Luisa Ortega Díaz, respectivamente; la procuradora de Argentina, Alejandra Gils Carbó; y el director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Ecuador, Érick Roberts. En la audiencia, el fiscal general Galo Chiriboga presentará las pruebas recabadas contra los exuniformados.

DATOS

Por los cargos que ostentaban los oficiales implicados, la audiencia será  en la Sala de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia ante la jueza Lucy Blacio.

Los fiscales pudieron corroborar que existió el Servicio de Investigación Quito (SIQ) -la versión militar del SIC 10 de la Policía- que funcionaba en el recinto de Conocoto.

La investigación determinó quiénes eran los jefes de esas unidades que implementaron el sistema de torturas en esa época.

La Fiscalía solicitará medidas cautelares contra los acusados por la gravedad de los delitos cometidos.