Las fallas en el sistema de los dispositivos electrónicos (grilletes), fue una de las causas que facilitó la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el fin de semana pasado.

Según Vanessa Mejía, supervisora de turno del Ministerio de Justicia en el ECU- 911, quien recibió el mensaje de WhatsApp que fue enviado por Alvarado el pasado sábado, a través del cual anunciaba su fuga, el problema es el sistema. 

Aseguró que “todo fue reportado a sus superiores” y en el caso particular del usuario de grillete (Alvarado), en algunas ocasiones este se acercó a revisiones técnicas y aún así el sistema seguía generando alertas, que eran alertas del sistema.

Mejía, quien junto con su equipo de trabajo (5 personas más) fueron destituidos del cargo por este hecho, acudió ayer a la Fiscalía General para rendir su versión en la investigación que lleva adelante este organismo del Estado.

A su salida indicó que ella y su equipo, como parte operativa del sistema de vigilancia, reportaron desde 2017 que había problemas en el sistema. Esos reportes con problemas los habrían hecho llegar al proveedor, a sus superiores en la cadena de mando que tenían, pero nunca les respondieron nada, ni solucionaron los problemas. Andrés Benítez, abogado de Mejía, señaló que su clienta ha cumplido con todas las funciones y roles que le corresponden en calidad de supervisora y que han podido determinar que la falla es del sistema. Indicó que una vez que se aclaren los hechos demandará la restitución de su defendida a su trabajo.

Cuatro responsables de grilletes

El informe de la Contraloría determina cuatro responsables directos (exministra de Justicia, Ledy Zúñiga; la empresa Ceiec; la dirección de Tecnología, y el administrador del contrato) en siete anomalías en los contratos de los grilletes con la empresa  China (Ceiec) National Electronics Import and Export Corporation.

El 18 de agosto de 2016, Zúñiga firmó el contrato con Ceiec por un monto de $ 13’712.456,45 para la compra de 4.000 dispositivos. Según el informe de Contraloría, la funcionaria de Estado no verificó, entre otras acciones,  el cumplimiento de las etapas del contrato. 

De esta manera, según el examen especial, la plataforma no cumplió con el objeto del contrato. El perjuicio es de $ 9’598.719,52.

La abogada Cecilia Espinosa cree que el uso de los grilletes no es una medida cautelar efectiva en el país, porque “no existe monitoreo, ni control adecuado”. 

El criterio lo comparte Ciro Guzmán, del directorio del Colegio de Abogados, quien considera que el aparato se volvió cuestionable al existir irregularidades en el proceso de contratación.

El próximo lunes 29 de octubre a las 14:30 será la audiencia de vinculación contra ocho personas por el presunto delito de peculado, entre ellas, Alvarado. (I)