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Fiscalía inicia instrucción por lavado de activos en caso Territorial

Fiscalía inicia instrucción por lavado de activos en caso Territorial
28 de abril de 2015 - 20:22

La Fiscalía del Guayas inició instrucción contra Pietro Z. y Raúl S., expresidente y exgerente general del Banco Territorial, respectivamente, por el presunto delito de lavado de activos. La entidad financiera fue intervenida en marzo de 2013 por problemas de solvencia y liquidez.

Samuel S., representante legal de la compañía Salivam; y César B. principal de Durcodor, también fueron procesados por este delito.

En la audiencia de formulación de cargos realizada en la Unidad Judicial Albán Borja, norte de Guayaquil, el fiscal Joffre Velasco pidió la prisión preventiva para los exdirectivos del banco y para Samuel S., la misma que fue aceptada y ordenada por la jueza de Garantías Penales, Guadalupe Manrique.

Mientras que para César B., quien asiste a comparecer a cada diligencia, solicitó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que consiste en la prohibición de salida del país y presentarse cada 15 días ante la autoridad competente.

Entre los elementos de convicción presentados por el fiscal consta el informe de la resolución de la Junta Bancaria, en el que se aprobó la conformación de una comisión especial de vigilancia designada.

Esta comisión, según el escrito expuesto por el fiscal, estableció hallazgos de una auditoría que determinó indicios de infracciones penales.

La instrucción fiscal durará 90 días y en caso de que hubiera otros implicados, el tiempo de la instrucción se podría alargar hasta 120 días.

En mayo de 2014, el Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a Pietro Z. y Raúl S. a 8 años de reclusión por el delito de peculado; este último cumple la pena en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas.

Este proceso inició luego de que la Superintendencia de Bancos remitiera a la Fiscalía un informe sobre la situación financiera de la institución.

En el documento se detallaron posibles irregularidades, que habrían ocasionado la insolvencia del Banco Territorial, ocasionando un perjuicio al Estado de más de 52 millones de dólares.

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