La familia Llanos-Parco espera que el exasambleísta Galo Lara regrese lo más pronto al país y cumpla la sentencia por el triple asesinato de Quinsaloma, en 2011.

El jueves, la Cancillería panameña estimó como "procedente la extradición" de Lara, quien fue sentenciado a 10 años de reclusión mayor en calidad de cómplice.

En agosto de 2011 fueron asesinados Carlos Llanos, Silvia Parco y el hijo de ambos, de 4 años. El triple crimen ocurrió en la localidad de Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Dos niñas -que no se encontraban en el lugar- quedaron en la orfandad.

Sin embargo, según la Cancillería panameña, Lara tendría 15 días hábiles para apelar la extradición ante la Sala Segunda de lo Penal de ese país.

Tania Vásquez, abogada de los parientes afectados, adelantó que esperarán hasta conocer los argumentos que presente el exasambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). "De acuerdo a lo que él diga en su apelación, emprenderemos las acciones tomando en cuenta normas legales de derecho público", dijo.

La representante legal indicó que, de ser necesario, se recordará a las autoridades panameñas que ya existe la sentencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador.

"No hay una persecución política en contra de Lara, aquí no hay nada distinto al cometimiento de un execrable delito. Y eso se demostró en la audiencia de juicio, ante la Sala Especializada de lo Penal", reiteró.

Vásquez indicó que el proceso de extradición es solo el inicio, ya que una vez que el exasambleísta retorne al país, la familia iniciará otro proceso: exigir la reparación a las víctimas.

La abogada reconoció que el monto económico todavía no se analiza. Para ello, estimó que se debe hacer un cálculo de la edad en la que las menores perdieron a sus padres, a qué edad fallecieron los progenitores y se haría una evaluación sobre el sueldo básico.

"Hay que hacer una demanda, para que el Estado le diga a los señores que cometieron este crimen (autores materiales e intelectuales) que cancelen el valor a las niñas por esta infracción, porque ellas quedaron desprotegidas", reiteró.

Flavio Llanos, tío de las menores, añadió que el valor de la indemnización también tiene que tomar en cuenta los bienes materiales que perdieron, luego de que se prendió fuego al inmueble de la familia, en donde habitaban. "Los criminales incendiaron la casa y el carro de mi hermano. Eso también tienen que repararnos", reiteró.

Llanos aseguró que la familia recibe "advertencias" de los habitantes de esta localidad para que detengan los trámites legales, puesto que les habrían dicho que sus vidas corren peligro. "La gente nos dice que tenemos que cuidarnos porque es un hombre muy peligroso, que aún estando fuera de la cárcel tiene sus influencias", dijo Llanos.

La sentencia en contra de Lara fue dictada en septiembre de 2013, por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ, y fue ratificada y declarada en firme por el Tribunal de Casación, el 18 de noviembre de 2013.

El pasado 9 de junio, Lara fue detenido por la Policía Nacional de Panamá, en una casa en la playa en Santa Catalina, en la provincia panameña de Veraguas. El pasado 19 de mayo, Panamá revocó el asilo que le había otorgado en octubre de 2013.

Al exlegislador ecuatoriano se le había notificado en aquella época la revocatoria de su condición de asilado, pero permaneció por varios días en un paradero desconocido.

Hasta el momento, las autoridades de Cancillería, Corte Nacional de Justicia no se han pronunciado sobre el caso.

El único que se pronunció fue el fiscal Galo Chiriboga, quien ayer  publicó en su cuenta de Twitter que las autoridades panameñas demostraron una decisión soberana.