Con la captura del excomandante de la Policía Édgar Vaca en Estados Unidos por su vinculación como el presunto autor de delitos de lesa humanidad en el gobierno de León Febres-Cordero, dos exoficiales más, Fernando R. y Luis P., continúan prófugos y son buscados por la Interpol. A la lista se sumaría el último implicado, el excoronel de Policía Wilfrido Ch., vinculado el martes pasado por la Fiscalía.

El 1 de octubre de 2013 el fiscal general, Galo Chiriboga, implicó a 10 altos oficiales del Ejército y la Policía por la detención ilegal de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín en 1985, quienes sufrieron torturas, violencia sexual y desaparición forzada en manos de los aparatos de seguridad del Estado, constituyéndose así en el primer caso de lesa humanidad que se judicializaba en Ecuador.

Entre los implicados está el exgeneral Luis P., quien fue ministro de Defensa en 1985, que tras conocer del proceso en su contra viajó a Estados Unidos. También, se busca al exmédico de la Escuela de Inteligencia Militar que en ese año funcionaba en Conocoto, Fernando R., pues él habría atendido a Luis Vaca, exmilitante de Alfaro Vive Carajo (AVC), que permaneció incomunicado por más de dos años en una celda “maloliente, oscura, sin colchón, tirado en el suelo y sin cobijas, las puertas de estas celdas tenían una ventana pequeña”.

A pesar de las torturas a las que fue sometido Vaca, el doctor Fernando R. extendió un certificado en el cual establece “que se encuentra en buenas condiciones generales”, indicó la Fiscalía.

En la diligencia del martes, Chiriboga aseguró que a Luis Vaca lo utilizaron para confirmar versiones que entregaban otros detenidos de AVC: “Temporalmente me sacaban encapuchado al subsuelo a interrogarme cuando algún compañero de AVC caía”, reza su testimonio. También lo usaron para que reconociera fotografías de compañeros que murieron, como fue el caso de Fausto Basantes, y lo trasladaban desde su celda para identificar casas de otros miembros de AVC.

En la audiencia de formulación de cargos del 1 de octubre de 2013 se confirmó que varios integrantes del recinto militar, incluidos los altos mandos del Ejército, conocieron de la presencia de Luis Vaca, quien después de cerca de tres años fue puesto en libertad por una orden superior en 1988.

Cajas y Jarrín, en cambio, salieron del recinto militar hasta donde los llevaron el 11 de noviembre de 1985, y 15 días después, una patrulla policial los trasladó al CDP de Quito, donde nuevamente los torturaron.

Ayer, tras conocer de la detención del excomandante de la Policía, mediante un comunicado, Cajas dijo: “El general Vaca debe volver al país y dar la cara a la justicia por las acusaciones de tortura, desaparición forzosa y otras formas de violación de derechos humanos que existen en su contra. (...) En este país nadie está sobre la ley, por tanto quienes la justicia lo determine deberán responder de acuerdo a su grado de participación en los crímenes denunciados en los testimonios de cientos de víctimas, los cuales constan en el informe de la Comisión de la Verdad y en los documentos desclasificados por la Fiscalía”.

Como parte del proceso, el 24 de diciembre pasado la Fiscalía también vinculó a otros 2 exmilitares y, el 24 de enero último, a un enfermero que laboró en la unidad militar de Conocoto. Todos tienen prohibido salir del país mientras concluyen las investigaciones.