El Estado de Excepción

La legislación vigente establece un cúmulo de normas que en general sirven para regular la convivencia entre los ciudadanos del país, permitiendo mandar, prohibir o permitir el desarrollo de determinadas acciones u omisiones dentro de nuestro diario vivir.

Es el caso, que la Carta Magna, prevé la posibilidad de hacer un paréntesis a la normativa vigente y establecer normas extraordinarias respecto de esas reglas de convivencia, en circunstancias delicadas que así lo ameriten, produciéndose el llamado Estado de Excepción.

Tal como su nombre lo indica, se trata de una excepción a la regla general, en que el Estado, por medio de su administración pública, puede disponer la movilización inmediata de recursos, el desarrollo efectivo de contrataciones e incluso el requerimiento de bienes privados para fines públicos, con el objetivo de precautelar la seguridad general y el bien común de todos los ecuatorianos y habitantes del país.

Como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional ha decretado un Estado de Excepción como consecuencia del incremento de la actividad que ha presentado el volcán Cotopaxi en las últimas semanas, situación de caso fortuito, que pone en grave peligro la integridad y seguridad de los ciudadanos, demás habitantes y transeúntes de la zona de influencia del volcán.

No obstante, voces críticas cuestionan esta declaratoria de emergencia. Afirman que es un “arma” que ha utilizado el Gobierno Central para contrarrestar las marchas lideradas por políticos opositores que han perturbado la paz social de nuestro Ecuador.

Lo cierto es que, el Estado de Excepción decretado, permite mantener la alerta y acción inmediata de todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, cuyos bienes o servicios puedan servir en un momento determinado a prevenir, mitigar o remediar los efectos negativos que pueden presentarse en el país con motivo de este proceso eruptivo.

Estimados lectores, estamos hablando de que esta herramienta jurídica otorga la garantía de seguridad que la comunidad ecuatoriana exige a su Gobierno.

El argumento de que el Decreto de Estado de Excepción es un instrumento ideado para contrarrestar las manifestaciones de los grupos opositores se cae por su propio peso, a tal punto, que aún con la vigencia de este decreto continúa la convocatoria y ejecución de muchas de ellas.

Como lo he dicho en reiteradas ocasiones y en varios medios de comunicación, es necesario instruirse antes de levantar criterios o comentarios que influyan en desinformar a la ciudadanía, generando el caos y la injustificada preocupación en nuestro pueblo.

Guardemos la calma ante la eventualidad de la alerta naranja que nos anunciaría la cercanía de la erupción. Es preciso mantenernos informados y preparados. Esperemos que Dios, que tanto quiere a Ecuador, no permita que se dé este fenómeno de la naturaleza que agravaría la situación económica que enfrentamos, fruto de la crisis mundial y de la falta de moneda nacional.

Para ello, recurrir a los boletines oficiales que emiten las instituciones pertinentes como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio Coordinador de Seguridad y rechazar a los pájaros de mal agüero que quieren generar caos con la desinformación.

Desde el Colegio de Abogados de la Provincia del Guayas, nos mantendremos siempre vigilantes del respeto a la Constitución y las leyes, de tal modo que podamos contar con un verdadero Estado de Derecho para beneficio de todas y de todos. ¡Juntos somos invencibles! (O)