El 37% de los procesados no comparece ante jueces
Un total de 143 personas detenidas en delito flagrante, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 2011, ha obtenido la libertad con medidas sustitutivas dictadas por los jueces de Garantías Penales del Guayas, señala un informe elaborado por el Comando Provincial de Policía.
Para el comandante del Distrito Metropolitano de Guayaquil, coronel Ramiro Mantilla, esa situación ha causado que cientos de detenidos -con evidencias que los incriminan en el ilícito denunciado- hayan obtenido su libertad dificultando la sanción del delito y promoviendo el aumento de la inseguridad e impunidad en la ciudad.
En ese sentido, el fiscal Provincial del Guayas, Antonio Gagliardo, manifiesta que aproximadamente el 37% de los procesados, a quienes los jueces han dictado medidas sustitutivas a la prisión preventiva, no comparece ante los tribunales de Garantías Penales para su respectivo juzgamiento.
Lo que conlleva, añade el representante de la Fiscalía en Guayas, que una de las mayores causas por la que no se dan las audiencias de juzgamiento es, precisamente, porque los jueces de primer nivel dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que esos delitos quedaron en la impunidad.
“Los jueces aspiran que en algún momento los acusados sean detenidos y se los pueda llevar a audiencia por medio de la fuerza pública, pero en definitiva no hacen nada, simplemente se los convoca y nada más”, relata Gagliardo, quien agrega que debería haber una reforma legal para que los procesados que no asistan a las audiencias sean juzgados en ausencia y así no beneficiar a los delincuentes de su propio dolo e irresponsabilidad.
El fiscal William Aguilar, de la Unidad de Delitos Flagrantes, señala que ahora los abogados se han inventado un término llamado “el arraigo social” en defensa de los procesados, que no significa otra cosa que demostrar ante el juez -con planillas de servicios básicos, declaraciones juramentadas o certificados- que sus defendidos tienen un hogar, trabajo, negocios, etc., y así prometer su comparecencia ante los tribunales, por lo que los jueces “generosamente le conceden las medidas sustitutivas”.
Ante esa situación, Gagliardo indica que les ha dado explícitas instrucciones a los fiscales para que no soliciten las medidas sustitutivas, sino que los abogados defensores deben solicitarlas y en las audiencias oponerse solamente en casos que no haya pruebas o que sean de ínfima cuantía.
Mientras tanto, el juez Vigésimo Noveno de Garantías Penales, Víctor Moncada, indica -a título personal- que cuando ha dictado medidas distintas a la prisión preventiva ha sido porque los mismos fiscales no han encontrado los méritos suficientes para, que una vez que imputan al procesado, solicitar la prisión preventiva, sino que en su lugar pidan medidas cautelares distintas.
“Cuando el fiscal solicita la medida alternativa, al juez no le queda otra que ordenarla”, sentencia el judicial, quien añade que diariamente se realiza un promedio de 6 audiencias, de las cuales, aproximadamente, en el 97% de los casos se dicta la prisión preventiva.
Al referirse a ese tema, Gagliardo señala que los fiscales pertenecientes a la Unidad de Delitos Flagrantes, que funciona en la Policía Judicial del Guayas, han solicitado en casi el 97% de los casos la orden de prisión preventiva, pero apenas un 3% no la pide, según afirma, porque a veces hay errores en la detención, no hay pruebas o no hay fundamentos suficientes para mantener presa a una persona e iniciar la instrucción fiscal en su contra.
“No se puede afirmar, por parte de los jueces, que esa situación sea culpa de los fiscales, más bien son los jueces que, no obstante a los pedidos que realiza la Fiscalía, otorgan medidas sustitutivas”, dice el funcionario, al mismo tiempo de señalar que, efectivamente, se ha registrado en Guayaquil un abuso exagerado de la utilización de las medidas sustitutivas, lo que ha provocado que salgan libres inmediatamente los detenidos, muchas veces con claras evidencias.
El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, relata, como ejemplo, que como resultado de los operativos especiales que realiza la Policía en el control del robo de vehículos, se detuvo a 4 sospechosos que comercializaban, en Durán, automotores con series remarcadas.
La fiscal Martina Aguilera legalizó la detención de los individuos y en la audiencia de calificación de flagrancia ante el juez Julio Velásquez, él dispuso la libertad porque no encontró pruebas suficientes para mantenerlos detenidos.
“Hacemos operativos que buscan controlar un delito específico, en este caso del robo de vehículos, pero no tenemos la colaboración de los jueces”, indica Cuero.
