La Comisión de la Verdad de la Fiscalía continúa trabajando en otros casos por delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador, especialmente entre 1984 y 1988 durante el gobierno de León Febres-Cordero, época en la que se registraron 65 de los 134 casos investigados. Los demás se produjeron desde 1989 hasta el 2008.

Con el inicio del primer proceso judicial el martes pasado por los tipos penales de tortura, desaparición forzada y violencia sexual, cometidos en contra de Luis Vaca y Susana Cajas, se rompió el círculo de impunidad que por más de 28 años impidió judicializar sus denuncias, señaló Fidel Jaramillo, presidente de la Comisión investigadora.

El organismo continúa armando los expedientes entregados por la primera Comisión, conformada por el Ejecutivo en marzo de 2007 para documentar las denuncias de violaciones  a los derechos humanos.

Al mismo tiempo la Fiscalía avanza en las indagaciones por las ejecuciones extrajudiciales de Arturo Jarrín y Fausto Basantes, exmilitantes de Alfaro Vive Carajo (AVC) y que, según los indicios analizados, fueron asesinados en presuntos enfrentamientos armados con contingentes policiales creados por el gobierno de Febres-Cordero. “Creo que antes de que finalice este año presentaremos estos casos ante las cortes”,  indicó Jaramillo.

En el proceso indagatorio ya se han hecho diferentes experticias, incluso se realizó la exhumación del cuerpo de Jarrín para realizar exámenes forenses y corroborar los testimonios de familiares y testigos, y compararlos con los reportes policiales sobre este suceso.

Durante la audiencia de formulación de cargos contra los 10 implicados en el caso Vaca-Cajas, el fiscal general, Galo Chiriboga, señaló que, además de las torturas a las que fueron sometidos por militares y policías, fueron vulnerados sus derechos esenciales a la libertad e integridad personal, instaurados  por varios instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de 1948 y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Colombia 1948). Asimismo, se atentó contra lo que establecen los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976.

Chiriboga reiteró la imprescriptibilidad de esos actos y el Ecuador, como signatario de los acuerdos internacionales, tiene que perseguir estos delitos porque son de obligatorio cumplimiento.

En este sentido la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, quien asistió el martes a la audiencia de formulación de cargos, señaló que este caso es muy importante para el Ecuador y la región porque es fundamental el respeto y la preeminencia de los derechos humanos.

Tras la audiencia, la jueza de la  Corte Nacional de Justicia, Lucy Blacio, ordenó la prisión preventiva de Luis P., exministro de Gobierno; Edgar V., excomandante de Policía; y Fernando R., exmédico de la unidad militar donde fueron torturados Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín; y dictó arresto domiciliario para el resto de exoficiales imputados por los crímenes de lesa humanidad.

Ahora la justicia tratará de ubicar al exministro de Defensa, quien viajó el 29 de septiembre a los EE.UU., al parecer luego de recibir la notificación para la diligencia judicial; y al excomandante de Policía, quien  voló en junio pasado también a EE.UU. En cambio el médico, que ahora cuenta con 58 años, tiene orden de captura  y una vez ubicado permanecerá en prisión preventiva durante los 90 días de instrucción fiscal antes de llamar a la audiencia preparatoria de juicio.

La Fiscalía  iniciará los trámites de extradición y enviará a la Interpol los expedientes para que se extiendan  las tarjetas rojas de difusión de los dos exgenerales del Ejército y Policía prófugos. Sin embargo, a más de su posible extradición, la justicia ecuatoriana estudia otras opciones: “Esta semana nos reuniremos para buscar alternativas que nos aseguren que los dos oficiales que abandonaron el Ecuador sean traídos para que enfrenten el proceso”, indicó Jaramillo.

Para el jurista y exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Carlos Gaviria, este caso confirma  la internacionalización de la justicia, puesto que ya no se limita a las decisiones de los tribunales internos sino también  de los externos, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte de la Haya, que tiene jurisdicción en materia de delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, los cuales son imprescriptibles y pueden ser investigados en cualquier momento.

Los 134 casos que tiene la Fiscalía por este tipo de delitos continúan en indagación previa y, según Jaramillo, se tratará de que todos vayan a juicio y así evitar la impunidad.