El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, suspendió al jefe del Complejo Penitenciario Federal IV de mujeres de Ezeiza, Juan Montenegro, tras constatar rastros de maltrato en dos internas.

El Ministerio de Justicia tomó la resolución basado en un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias, de Argentina.

El parte da cuentas de que durante una visita efectuada el pasado 11 de septiembre por un grupo de jueces, entre ellos el  presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, se constató que había rastros de agresiones.

El comunicado también advierte que “no se estaba dando la respuesta institucional adecuada a situaciones de esta gravedad", lo que produjo que se ponga en disponibilidad  el puesto de Montenegro.

Posteriormente se presentó ante la justicia una denuncia penal por el posible delito de acción pública que se hubiera cometido en el ámbito del centro de reclusión.

Las autoridades informaron que previamente se realizó un recorrido (3 de septiembre) por las instalaciones del Complejo Federal, que es cuando se obtuvieron los primeros indicios.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias fue puesta en funcionamiento por Alejandro Marambio a los pocos días de asumir el cargo de director nacional del SPF.

Marambio fue designado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, tras la fuga de 13 presos del Complejo I, lo que produjo la renuncia del anterior director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

Informantes indicaron que días atrás, en el Complejo I, dos prisioneros se suicidaron, de esto no se obtuvo una versión clara y nadie explicó cómo consiguieron los instrumentos con que se  quitaron la vida.

Mientras que en el  Complejo Penitenciario Federal para varones se inició una investigación como respuesta a las denuncias de los internos sobre supuesta mala alimentación.

Hasta el momento se cuenta con testimonios de los reclusos que afirman que la comida que les brindan no es apta para el consumo y que prefieron usar el dinero que les dejan sus familiares cuando los visitan para comprar productos de mejor calidad.