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Jueza Camacho está suspendida en caso Sobornos

Mientras no se resuelvan las recusaciones, la jueza Daniella Camacho no podrá fijar fecha para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos.
Mientras no se resuelvan las recusaciones, la jueza Daniella Camacho no podrá fijar fecha para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos.
Foto: Archivo
22 de octubre de 2019 - 16:07 - Redacción Justicia

La competencia de la jueza nacional Daniella Camacho para continuar sustanciando el caso Sobornos 2012-2016 fue suspendida desde este martes.

Esto debido a que mediante sorteo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el juez Marco Rodríguez y el conjuez Wilman Terán fueron designados para conocer las demandas de recusación contra la magistrada.

Estas fueron interpuestas por las defensas del expresidente de la República Rafael C. y su exministro Vinicio A.

Con el sorteo se suspende la competencia de la jueza dentro del proceso mientras se resuelva en audiencias separadas si se da paso o no a la recusación planteada por los dos procesados.

En las providencias emitidas este martes se informa de la admisión a trámite de la recusación, se da traslado a la jueza Camacho y se dispone se la cite en su despacho de manera inmediata y en persona con el contenido de las demandas y demás documentación necesaria.

Con ello, Camacho ya no podrá fijar fecha para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en la que debía pronunciarse sobre los pedidos de nulidad formulada por la mayoría de los 26 procesados.

Además estaba previsto que en esa audiencia la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presente su acusación particular contra 24 de los vinculados y un dictamen abstentivo para otros dos.

El juez y el conjuez de la CNJ que asumen la revisión de las recusaciones tienen hasta tres días de plazo para definir la fecha de la audiencia respectiva, que se debe dar en un tiempo no mayor a los cinco días.

En esta diligencia la jueza deberá presentar su defensa.

El jueves pasado al instalar la audiencia preparatoria de juicio que se realizó hasta el viernes, la jueza aceptó conocer por la prensa de las demandas de recusación en su contra, pero no de manera oficial o formal.

Para al menos 20 de los abogados de los 26 procesados en este caso, las palabras de la jueza generaba un vicio de nulidad, porque según la normativa vigente, ya no puede seguir actuando como juez o jueza cuando por cualquier medio se entera de una recusación en su contra.

Marcelo Dueñas, abogado del procesado Christian V., indicó que desde el momento que la magistrada admitió conocer, ya no tenía competencia en la audiencia preparatoria de juicio.

La abogada de Vinicio A., Vanessa Zabala, fue más categórica al señalar que con la aceptación a trámite de la recusación que presentó, se debe anular todo lo actuado a partir de la audiencia de la semana pasada.

“Si es que nosotros no tenemos razón la señora jueza volverá a conocer la causa, pero si llegáramos a tener razón y ella quedaría suspendida definitivamente de la competencia, todo tendría que repetirse con un nuevo juzgador”, advirtió.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael C., considera que todo el proceso del caso Sobornos es ilegal porque nació de una información publicada en un portal de internet, “sin que tenga ni siquiera fuentes”.

Con la recusación en trámite, también quedó en suspenso la audiencia convocada para este viernes a las 14:45, por la jueza Camacho.

En ella se tenía previsto dar trámite a la apelación a la prisión preventiva que presentaron los procesados: Jorge G. exvicepresidente de la República ; el expresidente Rafael C.; los exministros Vinicio A. y Walter S.; así como Yamil M.; y Cai R.

Por el caso Sobornos se investiga los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias y son procesados 26 personas, entre exfuncionarios del gobierno anterior y empresarios.

Las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía es para descubrir la trama de corrupción por los supuestos aportes ilegales a la campaña del expresidente Rafael C. y Alianza PAIS, en el Gobierno anterior por parte de empresarios que tenían contratos con el Estado.

 En este caso también está pendiente resolver el cambio de medidas cautelares solicitadas por las procesadas Pamela M. y Laura T. (I)

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