Planes de vivienda que nunca se concretaron, dinero recibido engrandes cantidades por empresas de bienes raíces y la frustación de miles de familias al denunciar las estafas es lo que se quiere evitar con las nuevas regulaciones de la Superintendencia de Compañías para las empresas inmobiliarias.

Los controles surgen porque en el país emergieron empresas de bienes raíces que ofrecieron planes habitacionales que nunca cumplieron. Unión Constructora, Portales, Visión Constru y Habitavia tienen denuncias por estafa en la Fiscalía debido al incumplimiento y entraron en proceso de liquidación.

El reglamento, publicado en el Registro Oficial en diciembre del 2013 rige para las empresas inmobiliarias cuya actividad va desde la promoción y construcción a la comercialización, y para ejecutar los planes reciben dinero de los clientes de manera anticipada.

La norma establece que las compañías deberán ser propietarias del terreno donde desarrollarán el proyecto, además de contar con el presupuesto. Asimismo, deberán construir dentro del plazo establecido los planes debidamente aprobados.

Solo en el caso de Unión Constructora el perjuicio llegaría a cerca de $ 8 millones y los afectados son casi 3 mil clientes.

Para William Aguaguiña, abogado que representó a 1.500 perjudicados por esta empresa, las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías son un paso muy importante para el sector, porque a raíz de las denuncias habrá un mayor control.

Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), afirmó que si bien comparten la preocupación de la Superintendencia de Compañías en evitar nuevas estafas con las regulaciones, las mismas podrían afectar a las empresas responsables que vienen cumpliendo la normativa.

Flores dijo que es una práctica común que las constructoras, una vez que tienen los planos aprobados por el municipio, inicien la comercialización. “La preventa permite el financiamiento del proyecto de las viviendas hasta un 50%, de lo contrario sería contar con el 100%, y eso incide en el costo”, observó.

El presidente de Camicon señaló que debido a las regulaciones hay algunos proyectos de vivienda paralizados y también se podría afectar a las empresas que ejecutan planes habitacionales de interés social.

Flores manifestó que si el objetivo es evitar posibles estafas, no se debería partir de una regulación. “Todo parte de la información que recibe la gente cuando busca una casa”. Agregó que “los casos de estafas son aislados, la mayoría de inmobiliarias en el país son serias”.

Soad Manssur, superintendenta de Compañías, afirmó que la medida busca que el desarrollo de la actividad inmobiliaria se realice brindando las garantías necesarias a las personas que buscan adquirir una vivienda, y proteger al sector más vulnerable de la población de posibles estafas. “El reglamento es una herramienta de prevención para que no se repitan casos de compañías que hoy se encuentran en proceso de liquidación”, indicó mediante entrevista por correo electrónico.

Señaló que uno de los objetivos es que el dinero entregado a la inmobiliaria sea debidamente canalizado al proyecto ofrecido. Y que la Superintendencia, con la normativa, podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones a las empresas.

Explicó que el ámbito de aplicación del reglamento comprende a las compañías sujetas al control de la Superintendencia, y los proyectos de vivienda son desarrollados por instituciones públicas no controladas por la entidad.