Después de 13 años de la desaparición de 4 personas en un operativo policial al interior de una farmacia del norte de Guayaquil, una de ellas regresó al país el pasado domingo, con la intención de revelar los nombres de los principales responsables de las desapariciones forzadas de ese fatídico día, manifestó ayer por la mañana el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, en una entrevista en Radio Pública de Ecuador. La persona que estuvo en calidad de desaparecida en el caso ‘González y otros’ no regresaba al país “porque temía por su vida”, dijo.  

Por la tarde, en rueda de prensa, Chiriboga reveló que el ciudadano fue localizado en mayo de 2015 y en julio de ese mismo año se lo contactó y verificaron su paradero. “No lo trajimos antes porque es una persona que necesita estar bajo el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía”.

Informó que se lo trajo al país porque es posible que el próximo 27 de junio se realice la audiencia de formulación de cargos para las personas vinculadas con el caso.

Por ello precisó que una vez cerrada la indagación, el 28 de junio solicitarán abrir la instrucción fiscal y allí se presentará al testigo, así como su nombre, para que se conozca el contenido de la declaración que haría en un testimonio anticipado (para no exponerlo el día del juicio).

“Una vez que hagamos la audiencia de formulación de cargos habrá concluido la etapa de indagación previa, de carácter reservada”, dijo.

Chiriboga detalló que se espera tomar a la persona un testimonio anticipado, mediante la cámara Gesell de la Fiscalía, en una diligencia en contacto con la Corte Nacional de Justicia, en donde estarán los jueces que recibirán la declaración.

Recordó que en el caso de ejecución extrajudicial fueron sentenciados a 16 años de reclusión 6 agentes, y los 7 restantes fueron condenados a  2 años en calidad de cómplices, mientras que 5 están prófugos de la justicia.

“Estamos seguros de que el testimonio anticipado revelará a las personas que estuvieron vinculadas al caso”, detalló el fiscal y precisó que durante los 90 días se practicarán algunas diligencias, “siempre en la perspectiva de asistencias penales internacionales por la naturaleza del hecho que investigamos”.

El funcionario dijo que espera que el caso González y otros concluya “acercándonos al último trimestre de este año”. Manifestó que en este caso ya hay una sentencia, pero que siempre se dijo que se seguirá hasta descubrir “quiénes eran los autores, cómplices y encubridores de las personas desaparecidas”.

Dijo que el hecho de encontrar a esta persona ratifica la teoría de la Fiscalía sobre la desaparición de esta persona.  

Acotó que esperan dar por concluido el caso en sus 2 facetas. En la primera se sentenció a quienes ejecutaron extrajudicialmente a estas personas en Guayaquil y ahora “trataríamos de concluir la investigación relativa a las personas que estuvieron participando en la desaparición de las personas”.

En la farmacia murieron 6 presuntos delincuentes, un pastor evangélico y el mensajero de la botica. Además, desaparecieron 4 personas, una de las cuales fue localizada por la Fiscalía en Venezuela.

María Dolores Guerra, cuyo esposo Johnny Gómez Balda, consta entre los desaparecidos, fue contactada telefónicamente ayer y dijo desconocer si su esposo era la persona encontrada en Venezuela.

Guerra, quien se graduó de abogada y hasta hace 3 meses trabajó para la Defensoría del Pueblo, aseguró estar afectada psicológicamente junto a su hijo. “Mi hijo en este momento está siendo atendido por una psicóloga y yo también estoy afectada por la noticia, aunque nuestro abogado que está en Quito sostuvo que el desaparecido encontrado en Venezuela no es Johnny”, expresó la mujer.

Según la Fiscalía, el individuo que constaba como desaparecido se encuentra dentro del Programa de protección a víctimas y testigos.

Entre los otros desaparecidos en el caso, que primero se conoció como ‘Las Dolores’ y después como ‘González y otros’, están César Mata, Erwin Vivar y Darwin Cañar. La desaparición de este último fue recién denunciada en 2013.   

En el juicio iniciado por las muertes ocurridas en el operativo, 8 implicados fueron sentenciados por ejecución extrajudicial. Dolores Vélez y Dolores Briones fueron indemnizadas.

La primera se graduó de abogada y trabaja en la Fiscalía del Guayas.

Caso del exintegrante del grupo AVC, Arturo Jarrín

Al referirse al caso de la presunta ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín, exintegrante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), Chiriboga explicó que este caso se halla en  fase de instrucción y jurídicamente es posible adelantar prueba.

Por ello se recogen la prueba testimonial o las declaraciones que hacen ciertas personas en condiciones especiales.

Uno de los testigos protegidos reveló que se dirigió a La Remonta llevando un sobre para el general Édgar V., entregó la encomienda y permaneció alrededor de una hora en el lugar donde estaba Jarrín y lo escuchó reclamando a los policías que por qué le habían sacado la capucha, asumiendo el mismo Jarrín que lo iban a matar “porque yo ya les he visto” y la respuesta tuvo un cinismo y una gran carga de perversidad, ya que le respondieron: “Te hemos sacado la capucha porque está haciendo calor y queremos que no te sientas agobiado”.      

Por otro lado, los testigos evidencian con una declaración muy contundente que la persona que estaba ahí era Arturo Jarrín, incluso uno de ellos relata que tenía una chompa cercana a la cama, donde él presumiblemente dormía.  

Y además sostiene que estaba en condiciones físicas normales, que no había sido maltratado porque no se veía huellas de ello, por lo que presume que fue torturado después, como se evidenció cuando se hizo la autopsia. Esta es una prueba del proceso. En una audiencia que tiene que darse previamente de preparación de juicio y presentación del dictamen, esta será la prueba testimonial que presentará la Fiscalía y con esta “creemos que avanzamos en demostrar la teoría que la Fiscalía tiene sobre este caso”.

En lo relacionado a la posible extradición del exasesor del Ministerio de Gobierno, Gustavo Lemus, quien recibió a Jarrín en el aeropuerto de Quito, el Fiscal General dijo que, en el evento de que eso ocurriera, de que hubiera una condena en contra de esta persona, el Estado ecuatoriano solicitaría su extradición.

Reconoció que el Gobierno de los Estados Unidos no tiene la predisposición para cooperar en la devolución de personas solicitadas por Ecuador en forma eficaz.

De hecho enfatizó que el Estado lleva más de 16 años solicitando la extradición de los hermanos Isaías y desde hace varios años viene pidiendo la entrega del general Édgar V., del coronel Eduardo G. y de Pedro D. Si la conducta de Estados Unidos se mantiene, el proceso contra estas personas no podrá continuar porque cuando un Estado niega la extradición de un ciudadano, tiene la obligación jurídica de procesarlo en su país, dijo Chiriboga.

Lamentó que algunos medios de comunicación no le den al caso, por su naturaleza, la trascendencia informativa que tiene, porque el país fue engañado en cuanto a la muerte de Arturo Jarrín y por tanto el caso debería solucionarse para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir. (I)

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Los agravantes aumentan la pena

"No es verdad que jueces sancionan solo a los pobres"

Al referirse a las declaraciones del defensor público, Ernesto Pazmiño, en el sentido de que las cárceles se están llenando de pobres y de que no se juzga con la misma vara, el fiscal Galo

Chiriboga indicó que ha dialogado con Pazmiño y que le ha aclarado algunos puntos. “He hablado con Pazmiño, una persona que respeto y considero, y le dije: ‘mira, Ernesto, cuando te refieres al caso del capitán Luna, el hecho es el siguiente; él se acoge a un proceso abreviado’”. Chiriboga le manifestó a Pazmiño que por ejemplo en el caso de supuesta corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Fiscalía pidió 3 años para Luna, pero la jueza consideró que era una pena excesiva y lo sentenció a 1 año.

En este caso, la Fiscalía no tiene nada que hacer porque los jueces tienen la potestad de resolver lo que ellos consideren en base a derecho, y en este caso se enmarcaba en lo que establecía la ley. Sobre la causa de los indígenas Saraguro, Chiriboga le explicó al defensor público que luego de haber revisado el proceso se determinó que ese delito está sancionado en el COIP, con una sentencia de 1 a 3 años, sin embargo hay un agravante cuando participan más personas.

La prudencia de los jueces implica -al haberse probado que se paralizó un servicio público- ver las cosas en contexto, es decir en términos más amplios y analizar si la decisión se apega a una sanción justa. “De esos hechos no podemos colegir que los jueces sancionan solo a los pobres, si eso fuera cierto no estarían condenadas personas por el caso Duzac por delito de peculado bancario”.