Julio César Tipanquiza no entendía por qué los agentes de la Unidad de Policía Comunitaria del barrio donde residía lo detuvieron, si fue él quien acudió a la Dinapen para denunciar a su conviviente por haber golpeado a las 2 hijas menores que tienen en común.

Los uniformados le dijeron que su mujer tenía una boleta de auxilio en su contra, concedida meses anteriores, cuando se separaron por problemas conyugales. Además, lo acusaba de haberse llevado a las niñas sin su consentimiento.

El hombre explicó a los uniformados que sus hijas lo acompañaron a presentar la denuncia en contra de ella por maltrato a las menores.

Tipanquiza solicitó la ayuda de un defensor público, ya que no tenía dinero para contratar a un particular; el abogado José Robayo estudió el caso y en la audiencia comprobó ante el juez que los policías lo habían detenido con una copia simple de una boleta, lo cual era ilegal.

Eljuez resolvió que la Fiscalía inicie una indagación previa sobre este caso, y a base de los indicios expuestos por el defensor público liberó al hombre, que labora como albañil.

Robayo forma parte de los 766 defensores públicos que laboran a nivel nacional y que se encargan de atender y asesorar a las personas principalmente en el ámbito  penal, civil, alimentos, conflictos de tierras, inquilinato y temas constitucionales.

Según los datos de la institución, durante el 2013 alrededor de 187.237 causas, incluidas las consultas ciudadanas, fueron atendidas por los defensores públicos, mientras que hasta agosto de este año sumaron 185.827.

Por contrato

Paulina Grijalva, coordinadora de la Defensoría Pública en la Unidad de Flagrancias de Quito, señaló que laboran 13 defensores que se organizan en turnos las 24 horas todos los días, “es un trabajo fuerte pero alcanzamos a cubrir los casos que se presentan”.

Los profesionales trabajan bajo la modalidad de contrato en la Defensoría Pública, que se encarga de la selección y capacitación, y perciben un sueldo mensual de $ 2.308.

Concurso de méritos

Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos meses, ya que el Consejo de la Judicatura alista un concurso de méritos y oposición para defensores públicos, pues se cuenta con 671 partidas, según la Defensoría.

Los defensores públicos tendrán que postularse en la Judicatura para someterse al proceso de selección y capacitación, “ellos laboran bajo contrato y deben pasar a un concurso y quienes ganen tendrán el nombramiento, estabilidad y una carrera dentro de la entidad”, indicó Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura.

Homologación salarial

Ernesto Pazmiño, defensor público general, considera que el concurso es la herramienta idónea para garantizar que los mejores profesionales ingresen en la entidad.

También, en una ocasión anterior, se refirió al tema de la  homologación de remuneraciones, y para ello “estamos en reuniones técnicas de trabajo con el Ministerio de Relaciones Laborales para definir y al menos llegar al salario actual de un agente fiscal 1 (que es de $ 4.100)”.

El director de la Escuela de la Función Judicial, Tomás Alvear, manifestó que existe un número de partidas aprobadas por el Ministerio de Relaciones Laborales y sobre esas hay que hacer el concurso. “Estamos definiendo el proceso y pronto presentaremos un cronograma para conocimiento del pleno de la Judicatura  antes de finalizar el año”.

Detenidos deben tener abogado

La labor del defensor público no solo se circunscribe en que se cumpla con el debido proceso y que toda persona acceda al derecho de ser representada por un abogado durante un caso judicial, sino también en ayudar a quienes no cuentan con recursos para tener una defensa de excelencia a su favor”, puntualizó José Robayo, quien labora como defensor público en Quito desde hace un año.