Dos meses y once días después de recibir la prórroga, la Comisión 30-S, creada por Decreto Ejecutivo, suma ya 55 causas judiciales. Esto como resultado del trabajo de investigación sobre los disturbios policiales del 30 de septiembre de 2010.

Carlos Baca Mancheno, presidente de este órgano temporal, indicó que de estos 55 casos, siete pertenecen a reaperturas hechas en este lapso; 41 se encuentran activos, es decir en diferentes etapas procesales; y 7 con archivos definitivos o sentencias ejecutoriadas.

Baca indicó que la mayor parte de estos procesos se sustancian en juzgados de la provincia de Pichincha, con un registro de 27 causas, y en Guayas con 6.

El resto de los procesos se dividen en otras provincias del país, en las que también hubo protestas y desmanes como en Carchi, Imbabura, Bolívar, Azuay, Los Ríos, entre otras.

“Las causas son el producto del trabajo de la administración de justicia, y muchos de estos procesos contienen información relevante en lo que respecta a las pruebas”, mencionó.

Baca señaló que uno de los delitos que tiene mayor trascendencia en la rebelión policial del 30-S fue el intento de magnicidio, por lo que habrá que esperar los resultados de investigación de la Fiscalía.

El Presidente de la Comisión 30-S afirmó que desde junio del año pasado, cuando fue creada, hasta el momento, se han sistematizado muchos datos a través de 450 reuniones y entrevistas con miembros de la Policía, Ejército y diferentes ciudadanos que presenciaron los actos, incluso periodistas.

“Se ha hecho una recopilación de información y de versiones muy amplias, que permita encontrar la ratificación de las hipótesis”, comentó Baca Mancheno.

Análisis de medios
El comisionado Diego Guzmán indicó que se ha realizado un análisis de las noticias de los medios de comunicación tres meses antes, y tres meses después del 30 de septiembre de 2010.

“De 2.680 notas de prensa privada, el 56% era para hablar mal del Gobierno”, afirmó.

Guzmán explicó que aquello significa que se dio un proceso para cumplir con la estructura de lo que pretendía ser un golpe de Estado, y así buscar deslegitimar al gobierno ante la opinión pública en ese tiempo.

“Se informaba, por ejemplo, sobre quitar ciertos beneficios a la Policía, a través de leyes”.

Guzmán también mencionó que luego de la rebelión policial, de 82 editoriales publicados en la prensa, apenas 8 expresaron la importancia del hecho, los demás pretendían “virar la página”, lo que de haber ocurrido habría desembocado en que muchos de los delitos cometidos el 30 de septiembre de 2010 terminaran en la impunidad.