Hacinamiento, insalubridad, alimentos dañados, instalaciones precarias y artículos para presuntas prácticas de tortura, como esposas, son los ambientes regularmente encontrados en los centros clandestinos de recuperación de adictos a las drogas en el país.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador hay 58 establecimientos privados autorizados para brindar tratamiento, otros 17 tramitan el permiso y unos 125 funcionan de manera ilegal.

En enero de este año, José Miguel Gurumendi Tumbaco, de 22 años, fue hallado sin vida afuera de uno de estos centros de rehabilitación. El caso es investigado por la Fiscalía 7 de Garantías y Personas. Por este hecho, confirmó una funcionaria, no hay personas detenidas. “El dueño de la clínica nunca fue detenido. El caso está en indagación previa y se ha solicitado documentación del hospital donde Gurumendi estuvo internado antes de llegar al centro de recuperación, pues estaba intoxicado por su consumo”.

La fiscal Ana Ramos, quien en ese entonces realizó el levantamiento del cadáver, señaló que la víctima supuestamente pasó durante la madrugada con problemas por el síndrome de abstinencia y no habría sido atendido adecuadamente.

Jack Dieb, director provincial de salud del Guayas, indicó que en lo que va del año se han clausurado 7 inmuebles que prestaban este servicio. En 2014, se cerraron 12.

Explicó que hay una comisión interinstitucional, liderada por el MSP, conformada por personal de los ministerios del Interior, Justicia e Inclusión Económica y Social (MIES), Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). “Actuamos por denuncias de la comunidad y a base de operativos dispuestos por la Fiscalía o por oficio”.

Dieb precisó que en estos operativos se actúa con un plan de contingencia, pues hay que valorar individualmente a quienes estén internados, pues no cuentan con una historia clínica.

El paciente que necesite un tratamiento ambulatorio (sin necesidad de permanecer ingresado) es entregado a sus familiares y el que necesite internamiento es derivado a un centro de salud pública, siempre que esté la autorización de sus representantes. En caso de existir menores de edad son puestos a disposición de la Dinapen.

“No podemos cerrar un centro con pacientes adentro. Lo que más hemos encontrado en los controles es que se practican tratamientos inadecuados; por ejemplo, esposar a los pacientes”, destacó.

Otra de las anomalías comunes es que no hay un médico responsable que controle permanentemente el estado de salud de los usuarios. Además, no existe división de hombres, mujeres y menores.

Dieb explicó que cuando se clausura uno de estos centros los propietarios se cambian de lugar y no exhiben ningún letrero para evitar ser encontrados. “Los familiares llegan a estos sitios por desesperación; buscamos que nos rebajen el precio algo sin darnos cuenta del peligro. Nos dejamos llevar por la publicidad engañosa. Lo que debemos hacer es acercarnos al Ministerio de Salud Pública y solicitar la lista de los centros legalmente autorizados donde se garantice un verdadero tratamiento”.

María José Fernández, coordinadora general de la Defensoría del Pueblo en la Zona 8, indicó que el equipo multidisciplinario realiza visitas periódicas a los centros de recuperación. “Se elabora un informe por cada visita. Suelen haber 60 usuarios y un solo servicio higiénico”, indicó y agregó que en estos lugares no solamente internan a quienes tienen problemas de adicción, sino que se han encontrado a menores que, según sus padres, tienen mala conducta o ancianos cuyos familiares no saben dónde dejarlos. “Pero eso no es todo, una vez encontramos a una adolescente con VIH y los parientes tampoco sabían cómo cuidarla. Era más fácil pagar $ 500 o $ 1.000 e ingresarlos ahí”.

Fernández añadió que entre los casos sorprendentes estuvo el de mujeres que fueron encerradas por ser infieles a sus parejas, supuestamente, de esa manera aprenderían ética y moral.