Tres funcionarios del Ministerio de Justicia serían los miembros de una red de extorsión a los guías penitenciarios del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Archidona, provincia de Napo. Lo informó Ledy Zuñiga, ministra de Justicia, al comunicar que los miembros de esta red fueron descubiertos por el trabajo de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP). Los ahora procesados son: C. Q, directora del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Archidona; C.A, su conductor; y G.G, un colaborador del área de Talento Humano del Ministerio. Los tres funcionarios quedaron con prisión preventiva en la tarde de este viernes, luego de la audiencia de formulación de cargos realizada en Quito, donde el juez de flagrancia  determinó que serán investigados por el delito de concusión (Cuando un funcionario público exige dinero de manera ilegal).  La instrucción fiscal durará 90 días. Zuñiga afirmó que el trabajo de la Unidad de Inteligencia permite realizar procesos de autodepuración del sistema penitenciario, y así descubrir y detectar posibles actos de corrupción.  Por ejemplo, en el año 2015, se han ejecutado más de 700 operativos dentro de los centros de detención, y hay 100 personas detenidas por intentar ingresar objetos a los sitios. Sobre este caso, la ministra explicó que al parecer, la directora del CRS era el nexo entre los guías, que habían recibido alguna amonestación por incumplimiento de obligaciones, y un contacto en el Ministerio para que les 'limpie el historial'. De ese modo, se cobraba valores económicos a los agentes para que sus expedientes quedan sin sanciones. Indicó que al momento los 19 agentes penitenciarios del CRS de Archidona, están siendo investigados, y también el origen de sus amonestaciones. “Como Gobierno rechazamos enfáticamente acciones que ponen en riesgo el sistema penitenciario", dijo. El Myr. Miguel Pazmiño, jefe de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, manifestó que la información les llegó de manera reservada, de que ciertos funcionarios estarían recibiendo dádivas, por la extorsión a los guías. Según Henry Machado, abogado de dos de los involucrados, directora y chofer, ellos no tienen responsabilidad alguna en ese delito. “Demostraremos en la instrucción fiscal la inocencia de mis defendidos. No hay absoluta nada que pruebe aquello”, dijo. La fiscal María Susana Rodríguez, refirió que se coordinó entre la Policía, Fiscalía, y el ministerio de Justicia, para el inicio de la investigación. Y que el delito de concusión, se encuentra en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), y que la pena sería de 3 a 5 años de privación de libertad. (I)