En el último año (período comprendido desde julio de 2011 hasta agosto de 2012) la Fiscalía ha receptado en el país un total de 7.382 noticias de delitos contra la vida, de las cuales 673 terminaron en una sentencia condenatoria, lo que representa un poco menos del 10% de los casos.

Para Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, ese porcentaje es un avance significativo en la lucha contra la impunidad, puesto que antes solo el 1% de las causas llegaba a tener sentencia. Eso se constató en 2010, cuando Philip Alston, Relator Especial de la ONU, visitó el país para  investigar asuntos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, por pedido del mismo Gobierno.

El consultor en su informe señaló que la tasa de homicidios en Ecuador se duplicó en los últimos 20 años. En 1990 era de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; en 2009 alcanzó 18,7; y en 2010 se dio un incremento a 20. No obstante, las conclusiones de las autoridades gubernamentales indicaron que sólo el 1,3% de las muertes denunciadas  terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria.

El informe detalla, además, que la Policía en Sucumbíos recibía denuncias de sólo uno de cada tres o cuatro homicidios en la provincia. Hasta la fecha en que fue elaborado el informe (15 de julio de 2010), esa situación conllevaba  la tasa general a un nivel menor al 1%, lo que, según Alston, otorgaba a  Ecuador uno de los índices más bajos de condena por muertes en el mundo.

Chiriboga indicó durante su informe de labores cumplidas durante su primer año de gestión, realizado el jueves anterior en Guayaquil, que el compromiso de la Fiscalía, con el apoyo de  la Policía y jueces, es mejorar esos estándares. “Dos años más tarde, desde que se emitió el informe del señor Alston, podemos decir que somos más eficaces y que hemos fortalecido el sistema penal al conseguir muchas más sentencias”, enfatizó.

Los 25 años de reclusión para los 9 integrantes de la banda de  “Los Choneros”, los 16 años a 3 procesados por el asesinato del empresario quiteño Francisco Espinoza, y la sentencia condenatoria por el asesinato de César Vernaza y Antonio Portocarrero, son algunos de los casos de mayor connotación social resueltos, que fueron citados  por el representante de la Fiscalía.

A criterio de Dora Vargas Troncoso, presidenta del Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas, el incremento de defensores públicos, fiscales y tribunales penales, este último punto por iniciativa del Consejo de la Judicatura, ha aportado significativamente en el cambio registrado en los últimos años.

En ese contexto se refirió a que el contar con los suficientes actores de un proceso penal da paso a la normal realización de las audiencias de juzgamiento y, por ende, a obtener una resolución judicial. “Tener un defensor público, por ejemplo, asignado a un determinado tribunal, permite a los jueces de ese despacho, en caso de que el abogado particular no se presente, asignarlo en reemplazo y dar inicio a la diligencia sin problemas”, explicó. “Así se evita que se retrase el proceso de administración de justicia”.

Detalló que antes ese era el principal problema reportado en el sector judicial, debido a que el número de defensores públicos penales era reducido, limitándose tan solo a los adscritos en las cortes.

Sobre el descongestionamiento de causas, Mario Centeno, delegado de la Unidad de Descongestionamiento de la Fiscalía en Guayas, explicó que 354.238 indagaciones previas estuvieron represadas durante 10 años en los diferentes distritos fiscales del país, de las que se evacuaron cerca del 90% en Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas, provincias que registran mayor carga procesal. Se estima que hasta finales de año sean despachadas el total de causas represadas.