El indebido uso de uniformes militares es sancionado en el  Código Penal ecuatoriano como un delito de prisión de seis meses a dos años. No obstante, la venta indiscriminada  de esta indumentaria no tiene regulación pese a la fácil adquisición -sin ninguna restricción- de esos trajes  por parte de ciudadanos civiles.
Así  lo constató este medio de comunicación a través de una investigación realizada en varios locales dedicados a la comercialización  de esa indumentaria.      
Ante esta  situación,  las autoridades representativas de  la fuerza pública en la provincia del Guayas (Policía, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito) han mostrado su preocupación en torno a la necesidad de una ley que permita normar este sector.
“No hay una prohibición para la venta de uniformes...  lo que se necesita es prohibir   la comercialización de las insignias de los oficiales  que se ofrecen en locales que no están autorizados”, detalló Jorge Altamirano Rojas, jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval.          
El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, indicó que se ha pedido un informe a las instituciones afectadas con este  tipo de acciones con el fin de encontrar los   mecanismos para  la regularización. 
El funcionario enfatizó  que     hay entes autorizados para la  venta de los  uniformes y no son los que en ciertas zonas los están expendiendo de manera informal.     
El director de la Comisión de Tránsito del Guayas, Jaime Velásquez, explicó  que la dotación de uniformes está a cargo de  una empresa que  -a través de un contrato de compras públicas- se convirtió en  la encargada de  confeccionar las indumentarias, incluso de  los policías.
Esto lo corroboró  el coronel Nelson Villegas, jefe de la Policía Judicial del Guayas, quien señaló que  cualquier persona particular no puede acceder a esta vestimenta, ya que la distribución se la hace internamente.    
Al referirse a la venta informal de uniformes que se realiza en los exteriores del Cuartel Modelo, dijo que  es necesario regularla porque pone en riesgo la adquisición de los trajes. “No es legal que una persona natural porte o confeccione uniformes, eso hay que regularlo”. 
Julio César Quiñónez, intendente de Policía del Guayas, confirmó que en el transcurso de esta semana  se intervendrá en los sectores donde se expenden  uniformes de manera informal.  “Hay que constatar en el campo la información facilitada por diario El Telégrafo... eso se comparará con  la información dada por la Policía, Comisión de tránsito  y Fuerzas Armadas”, acotó. 
En ese contexto, explicó que la institución policial   inició un proceso de investigación para determinar la ubicación de los locales dedicados a esta actividad.  
Ante la falta de una ley que prohiba la venta de esos uniformes, Quiñónez dijo que no es necesaria la existencia de dicha normativa para ejecutar los controles, ya que  puede hacerlo basándose en una contravención policial. “Puedo sostenerme en el principio de la seguridad ciudadana...”.  
Quiñónez aseguró que hay dos tipos de verificaciones  que se tomarán en cuenta en los operativos de control: la primera es si cuenta con los permisos respectivos y la segunda la mala utilización de ese permiso. 
En este segundo punto dijo que sí está facultado para sancionar (en el primero lo regula el Municipio), ya que se ha hecho una venta sin los respectivos documentos de respaldo como son las credenciales de los agentes para verificar si en realidad pertenecen a la institución.