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El Telégrafo
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Reforma judicial genera polémica en Argentina

Reforma judicial genera polémica en Argentina
31 de mayo de 2013 - 00:00

La Corte Suprema de Argentina prometió resolver con celeridad el aluvión de demandas presentadas ante los tribunales contra la reciente reforma judicial aprobada por el Parlamento de esa nación.

Fuentes de la Corte argentina citadas por la prensa local aseguraron que se dará “máxima celeridad” a estas causas, en particular aquellas que van en contra de uno de los aspectos más polémicos de la reforma: la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura en los comicios del próximo mes de octubre.

Parte de la oposición también cuestiona fuertemente los cambios en el Consejo de la MagistraturaEl Consejo de la Magistratura es el órgano de designación y remoción de jueces en Argentina y, a partir de la reforma aprobada por el Parlamento por impulso del oficialismo, sus miembros pasarán de los actuales 13 a 19 y ahora serán elegidos por votación popular.

Las listas de candidatos para las elecciones de octubre próximo deben presentarse antes del 22 de junio, según el calendario electoral.

La reforma judicial ha motivado una catarata de presentaciones judiciales en tribunales de todo el país que plantean la supuesta inconstitucionalidad de la norma, promulgada el lunes pasado por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

La oposición también cuestiona fuertemente los cambios en el Consejo de la Magistratura pues, a su juicio, suponen la “partidización y la politización” de la justicia.

Al anunciar en abril el envío de estas iniciativas al Parlamento, Cristina Fernández justificó  la reforma en la  necesidad de “democratizar” el Poder Judicial, que ha sido blanco de las críticas del Ejecutivo en los últimos meses.

El paquete de normas aprobado por el Congreso también incluye una ley para crear en los tribunales tres cámaras de casación, otra para permitir el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones y una ley que pone límites a las medidas cautelares y que dejaría en suspenso algunas leyes aprobadas por el Parlamento.

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