Era inevitable. Mientras escuchaba la intervención de la fiscal Margarita Neira ante el juez Édgar Macías, titular del Juzgado Décimo de Garantías Penales, Inés Huacón empezó a llorar. Con lágrimas y profundo respirar, la mujer se resignaba a que su hijo, Roberto Quimí Huacón, ya no estuviera con ella.

En ese momento, la funcionaria, detalladamente, contaba cómo fueron las últimas horas de vida de Quimí, quien falleció el 27 de abril de 2012, luego de que no fuera atendido en 8 casas de salud, entre hospitales y clínicas.

En el juzgado solo cabían el juez, la fiscal Neira, los abogados acusadores y la defensa. Mientras los juristas se encontraban en litigio, Huacón escuchaba desde afuera de la sala las incidencias del enfrentamiento. Solo movía su cabeza como una queja, ya que recordar los amargos momentos causaba que su ánimo decayera, aunque a la vez se motivaba para continuar buscando justicia en memoria de su vástago.

Neira terminó su participación, que duró más de una hora, y luego intervino el abogado acusador. “Lo que pasó fue una aberración médica, ya que no atendieron a una persona que estaba grave. Todos se hicieron los desentendidos y no hubo soluciones, el señor Quimí murió”, lanzó el abogado, quien además resaltó la labor por la comunidad que cumplía el fallecido.

“Cuando sucedió el accidente (se trasladaba en una moto), Roberto se dirigía a realizar labores para la fundación Yo sí puedo, entidad dirigida a trabajar con personas de la tercera edad. Era un buen chico, estudiaba en la universidad y era ejemplo en el hogar”, relató.

Huacón no despegaba la mirada de la audiencia. Cuando el abogado acusador terminó su intervención, le tocó el turno a la defensa de los implicados en el hecho. La abogada defensora indicó que Quimí había abandonado por cuenta propia el Hospital de Daule (al primero que se dirigió tras el accidente). Además, la jurista agregó que el occiso estaba en estado etílico.

Al escuchar a la defensa, la madre del fallecido se molestó. “No lo atendieron, fueron inhumanos y para tapar su negligencia ahora quieren hacer ver a mi hijo como el culpable de su propia muerte”, sentenció.

Según la fiscal Neira en su acusación, Quimí acudió al hospital de Daule en la tarde, el día anterior a su fallecimiento. Luego estuvo en su vivienda (se desconoce si fue por cuenta propia o lo enviaron de la casa de salud). En la noche regresó al sitio y fue enviado al Hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil, al que llegó a las 02:00. Tras no ser atendido por falta de camas en el área de emergencias. Los familiares lo trasladaron al Hospital Luis Vernaza, en el que tampoco había cama. Quimí se quejaba del  dolor en la cabeza.

Cerca de las 04:00 fue llevado al Hospital de la Policía, pero no se quedó. En la casa asistencial le pedían 800 dólares (según lo expuesto en el expediente) solo para ingresarlo, así como también 500 dólares diarios, y los familiares no contaban con esos valores.

A las 05:00 fue trasladado a la clínica San Gabriel, pero no lo atendieron por falta de recursos médicos para lo que necesitaba el herido. Entonces se dirigieron al Hospital Universitario y recibieron la misma respuesta de que no lo podían recibir. En la clínica Kennedy Alborada tampoco encontró lugar, finalmente falleció cuando era trasladado al Hospital León Becerra.

La Fiscalía presentó dictamen acusatorio contra los cuatro médicos acusados de, supuestamente, negar atención a Quimí Huacón.

El juez Macías escuchó a la fiscal, a la parte acusadora y la defensa, por lo que es probable que el próximo miércoles dé a conocer la resolución sobre el posible auto de llamamiento a juicio contra los procesados por  supuesto  homicidio inintencional.

Actualmente, hay cuatro implicados en el caso en diferentes grados de responsabilidad: los médicos  Claudia Centeno (del Hospital de Daule), José Caicedo (Hospital Abel Gilbert Pontón), Cristhian Parrales y Monserrate Castillo (Hospital de la Policía), todos jefes de las áreas de emergencias de las casas asistenciales.