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Proponen inhabilitar en sus cargos a funcionarios públicos sentenciados por violencia contra la mujer

En un acto en la Asamblea, las autoridades develaron una placa en memoria de las víctimas de femicidio.
En un acto en la Asamblea, las autoridades develaron una placa en memoria de las víctimas de femicidio.
Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO
25 de noviembre de 2016 - 11:57 - Redacción Web

En la Asamblea Nacional se realizó un memorial por las víctimas de femicidio y sus familias, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este acto simbólico, las autoridades develaron una placa para recordar a las mujeres que han fallecido a consecuencia de violencia de género, a dos años de vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica y sanciona este delito.

"Esta placa recordará siempre que en el país se sanciona y condena el femicidio", sostuvo Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea. Añadió que "entre 2013 y 2016 aprobamos más de 50 leyes, priorizando el enfoque de género y el derecho a una vida libre de violencia". 

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señaló que todos los Estados deben comprometerse a implementar políticas públicas en temas de violencia de género. "En nuestra área de influencia, trabajamos para que no exista la impunidad en estos casos". 

En el acto, el funcionario presentó la denominada "Guía para la Administración de Justicia con enfoque de Género", herramienta fundamental para los jueces.

Jalkh entregó al Legislativo un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que los funcionarios que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, estén prohibidos de ejercer un cargo de forma definitiva en la institución en la que laboraban al momento de cometer este tipo de hechos.

Los servidores sancionados, además, no podrían trabajar en ninguna institución pública, al menos por un período de dos años, según la propuesta. 

El titular del CJ dijo que en el tema de violencia debe haber una legislación radical que permita al agresor reflexionar sus acciones y en el caso del sector público, "por lo menos le disuada el hecho de que puede perder definitivamente su trabajo". 

De su lado Ledy Zúñiga, ministra de justicia, reiteró que se incluirá en la lista de los más buscados a los femicidas.

En el acto Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en Ecuador, indicó que los países con tasas más altas de muerte por femicidio están en Latinoamérica. "No podemos endosar este problema de violencia a las futuras generaciones. Hay que actuar hoy", subrayó.  (I)

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