Prisión de 7 a 20 años por el porte ilícito de armas en Venezuela

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó, la noche del martes, por unanimidad, el proyecto de  ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, que contempla sanciones a quienes tengan un arma de fuego de forma ilícita con una pena de entre 7 y 20 años de prisión,  informó el presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, el diputado Elvis Amoroso.

La Ley Desarme, como se la denomina comúnmente, está compuesta por 126 artículos y restringe la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares, entre otras medidas sancionatorias.

Uno de los aspectos fundamentales para combatir el porte ilegal de armas está en el proceso de registro, que inició el 29 de febrero del año pasado  y que está previsto culminar en los próximos meses.

DATOS

Entre los artículos aprobados está el 22, que permite el porte de armas a personas naturales ante circunstancias de riesgo.

El Art. 26 prohíbe la exhibición de armas de fuego en lugares públicos y el Art. 28 trata los requisitos comunes para el otorgamiento de permisos a personas jurídicas.

El proyecto  fue presentado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, tras su elaboración mediante un proceso de consulta nacional.

En Venezuela existe una ley de desarme promulgada en 2002 que de a poco ha servido para el objetivo señalado“Después de que se tenga el censo completo de todas esas armas, quien quede por fuera seguramente no quiso registrarla porque cometerá un delito. Esa persona tendrá una sanción severa que va desde 7 a 20 años de prisión, de acuerdo con el grado de delito que contiene el uso del armamento”, explicó Amoroso.

Sostuvo que la Ley para el Control de Armas,  acompañada de los planes en materia de seguridad del Gobierno Nacional, permitirá garantizar más vidas humanas y disminuir los índices de criminalidad.

“Se garantizan vidas. Más personas van a seguir viviendo porque cada vez que se le quite un arma a un delincuente eso redundará en el beneficio de esa persona que iba a ser atracada”, manifestó el legislador.

La preocupación de Amoroso y de quienes aprobaron la ley se confirma en las cifras que revela el informe “Sentido e impacto del uso de armas de fuego en Venezuela”,  durante el mandato del fallecido presidente  Hugo Chávez, en 2011.

El documento recoge datos de la última Encuesta Nacional de Victimización, realizada en 2009, y señala que   la proporción de uso de armas de fuego en situaciones de victimización delictiva  alcanza un 47,6%, y en cuanto a los delitos de homicidio, robo y secuestro se eleva a 79,5%, 74% y 79,2%, respectivamente para cada caso.

Este documento en realidad se convirtió en un amplio estudio que permite comprender toda la lógica del sistema de ingreso de un arma al mercado (legal o ilegal), para poder indagar la manera de operación de  este negocio, con el fin de  plantear y construir una política pública sobre este tema.

El uso de un arma de fuego se encuentra en relación inversa con el conocimiento que tiene el victimario de la víctima. Solo 35,1% de quienes conocían a la persona afectada la utilizaron, frente a 71,9% de quienes no la conocían.

Según la muestra, que toma en cuenta la cifra de 2.023 personas victimizadas con armas de fuego en un solo año de estudio (2010-2011), en Venezuela también se tiene claro que los afectados se concentran en  dos de los grupos menos jóvenes, específicamente en aquellos entre 45 y 64 años, con 70%, y el grupo entre 25 y 44 años, con 67,2%.

Los hombres son quienes mayormente poseen un arma de fuego, según los informes y su uso decrece a medida que avanza la edad, de modo que los sujetos menores de 25 años las usan en un 71,3% de los casos, los comprendidos entre 26 y 44 años en un 61,2% y los mayores de 45 años en un 12,5%.

Con todas esas cifras ya analizadas por las autoridades venezolanas, el diputado William Fariñas informó que la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional propuso al Ejecutivo dictar una amnistía para quienes devuelvan armas no involucradas en delitos.

Y en efecto, en la discusión en la Asamblea se estableció, en uno de los artículos, la protección de la identidad de aquellos que decidan acudir a entregar sus armas a las autoridades.

“Con ello -indicó- estamos proponiendo esta especie de amnistía para contribuir al desarme; más de 70% de los portadores de armas son jóvenes”, dijo Fariñas.

El diputado agregó que las armas se utilizan algunas veces en las barriadas (sectores populares) como símbolo de enfrentamientos juveniles, sin involucrarse en delitos.

Sobre la Ley, el presidente Nicolás Maduro manifestó que esta normativa legal reforzará el Movimiento por la Paz y la Vida, creado por el Ejecutivo venezolano y que se suma al plan “Patria Segura”, ambos enfocados en contrarrestar la violencia y fomentar una cultura de paz en el país bolivariano.