Por una alianza de los ministerios de Justicia, Deportes y Cultura para la política de rehabilitación social
Nuestro país ha dado muestras importantes de construir y deconstruir referentes que guían la vida y la agenda pública. Tenemos ejemplos tangibles como la política de inclusión social para personas con discapacidad, los cambios hacia una tercera reforma en la educación superior, los avances para la generación de un sistema nacional descentralizado de planificación participativa, entre otros. Sin embargo, aún tenemos temas pendientes para la transformación del Estado colonial ecuatoriano.
Esta columna pretende sugerir la necesidad de que los ministerios de Justicia, Cultura y Deportes promuevan una alianza estratégica para la formulación de una política de rehabilitación de las personas privadas de libertad, que promueva y proyecte capacidades artísticas, culturales y deportivas como medio de recreación e incorporación productiva en la sociedad. La población carcelaria está compuesta por distintos segmentos que merecen y necesitan oportunidades para superar sus condiciones relacionadas con actividades delictivas.
La implementación de actividades relacionadas con música, trabajo comunitario, educación continua, deportivas y todas aquellas relativas al ejercicio artístico pueden convertirse en una herramienta fundamental para modificar sustancialmente el estado de la población penal y también las formas de relacionamiento con sus entornos familiares.
Necesitamos que los centros de detención desarrollen conciertos, campeonatos, festivales y programaciones musicales, teatrales, dancísticas y demás ámbitos culturales, así como la masificación de proyectos deportivos (durante todo el tiempo posible que permita mantener en movimiento a las personas detenidas) con el propósito de que encuentren en estos lugares espacios y desafíos para reinsertarse en la sociedad; al mismo tiempo, que puedan brindar condiciones de seguridad, comunicación y presencia familiar al compartir actividades de estos ámbitos con sus familiares y personas conocidas. Recordemos que una responsabilidad del Estado no solamente debe direccionar con estrategias contra el crimen organizado, sino también para prevenir y erradicar las formas de violencia intrafamiliar. La población penal necesita distintos instrumentos de enseñanza-aprendizaje para reorientar y mejorar sus proyectos de vida, considerando también que tienen familiares niños(as) y jóvenes que se contagian fácilmente de las representaciones que transmiten y reproducen.
Estos instrumentos de política pública también constituirían soluciones integrales para la prevención de la violencia y el delito en los sitios penitenciarios, hacia convertirlos en espacios de verdadera rehabilitación.
La política pública no solo debe estar encaminada a cambios en la administración para las dependencias de privación de libertad, sino a la definición de múltiples intervenciones intrasectoriales que puedan funcionar para reducir y prevenir el quehacer delictivo, así como para crear redes y conocimientos que den soluciones para la violencia en el país.
Requerimos un nuevo modelo integral para los centros de rehabilitación, generando condiciones distintas para el desarrollo de la población penal.
