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Población penitenciaria de Ecuador es la más baja de Latinoamérica

En la expenitenciaría se crearon 12 nuevos pabellones, uno destinado a personas con problemas de drogas.
En la expenitenciaría se crearon 12 nuevos pabellones, uno destinado a personas con problemas de drogas.
Foto: Archivo / El Telégrafo
13 de enero de 2016 - 00:00 - Redacción Justicia

Ecuador tiene una tasa de población penitenciaria de 147 personas privadas de la libertad (Ppl) por cada 100 mil habitantes. Esto lo ubica por debajo del promedio de la región, que es de 259. “Se ha desmentido aquellas afirmaciones que tildaban al Código Orgánico Integral Penal (COIP) como un cuerpo legal represivo que llenaría los centros penitenciarios”, enfatizó la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga.

Los países con las tasas más elevadas de población penitenciaria en Latinoamérica son El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Brasil; los cuales están sobre el promedio. En algunas cárceles del primer país mencionado, como en La Esperanza, el número de presos asciende hasta el 600% de su capacidad.

Ecuador es el de la tasa más baja, de ahí le siguen Paraguay, con un promedio de 158; Nicaragua, con 173 y Honduras, con 187. En el país hay alrededor de 25 mil personas privadas de la libertad distribuidas en 49 centros de privación de libertad. De estos, 29 son centros de rehabilitación social (CRS) y 20 centros de detención provisional (CDP). Adicionalmente existen 3 casas de Confianza en las provincias de Pichincha, Guayas y Napo.

El Gobierno Nacional emprendió la transformación del sistema penitenciario del país con una inversión superior a los $ 300 millones en 2014. Con esto se crearon los CRS regionales de Guayas, Cotopaxi y Azuay. Además, en  2015 concluyó el derrocamiento y la reconstrucción de la ex Penitenciaría del Litoral, que ahora tiene 12 pabellones, cada uno  con capacidad para 400 internos. Es decir, esta infraestructura está en capacidad de albergar a 4.800 Ppl. Con la incorporación de estas 17.100 nuevas plazas fue posible clausurar recintos que no prestaban condiciones de seguridad.

En 2014 se clausuró el complejo penitenciario de Quito, conocido como Penal García Moreno. También se trasladó la población penitenciaria del penal femenino de El Inca hacia Cotopaxi. Además, se cerraron las cárceles de Cuenca, el CRS de varones de Latacunga, el de Vinces y próximamente el de Alausí.

“Con estas medidas el hacinamiento total se redujo a casi cero, con lo que se beneficia a la población penitenciaria, a sus familias y a los funcionarios de los centros de privación de libertad”, dijo Zúñiga.

La funcionaria manifestó que para continuar con este proceso, durante 2016 se intervendrán otros centros como El Rodeo de Manabí y otros en Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un informe presentado en 2014, refiere que una de las causas de hacinamiento en las cárceles es el uso excesivo y largos períodos de detención preventiva. “La alta proporción de detenidos en prisión preventiva es un problema particularmente serio en África, América Latina y Asia del Sur, en donde, en algunos países, la proporción de personas en prisión preventiva alcanza al 70-90%”.  Uno de los motivos clave de las altas tasas de prisión preventiva es la demora en el proceso judicial.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, sostuvo, en la última ‘mesa de justicia’ realizada este lunes en Quito, que en 2008 hubo 24 mil sentencias, ahora hay 394 mil. “Ecuador es reconocido en América del Sur como uno de los países con mejor lucha contra la impunidad y que garantiza el debido proceso”, indicó.

La confianza en la justicia (certeza de sancionar a culpable de un delito) es de las más altas en la región. El índice en Ecuador es del 47,9%, mientras que en Colombia es del 42,7% y en Uruguay del 40,1%, según cifras del Barómetro Americano ‘Cultura política en la democracia de las Américas’, de la Universidad de Vanderbilt, efectuado en 2014.

La confianza en el Sistema de Justicia (eficiencia del sistema judicial) es del 48,2%; es decir, el país ocupa el segundo lugar tras Uruguay, de acuerdo con Barómetro Americano, el cual es del 49,9%.

Sobre las caducidades de la prisión preventiva, Jalkh dijo que en 2015 se registraron 7 casos a diferencia de 2008, cuando hubo 2.061. (I)

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