Padres deudores están aislados de otros reos

- 02 de marzo de 2019 - 00:00
En el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, el hacinamiento de los reos supera el 40%.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

La Secretaría de Derechos Humanos pide la declaratoria de emergencia en las cárceles, que tienen el 40% de hacinamiento. $ 5 millones se requieren.

“No somos delincuentes”, grita un recluso en el Centro de Detención  Provisional (CDP) de El Inca, en Quito. Otro, en cambio, enseña un cartel que dice: “cómo pago si estoy encarcelado”.

Los privados de libertad por apremio quieren no permanecer en los centros de reclusión, en donde están otros presos por delitos de violación, asesinato y drogas.

Pablo Arévalo, director del CDP de El Inca, recordó que en planes estaba la construcción de un centro en Conocoto para estos detenidos.

Sin embargo, los moradores del sector de La Moya se opusieron a finales de enero a esta nueva infraestructura. Estaba previsto que se levante junto al Centro de Internamiento Femenino de Adolescentes Infractores.

Según Fernando Sánchez, subdirector de Adolescentes Infractores, los vecinos de La Moya se opusieron a esta alternativa “por desconocimiento, no entendieron que no irían a este lugar los reclusos de alta peligrosidad”.

Sánchez afirmó que ahora se buscan nuevas alternativas. Son conscientes de que se debe habilitar una infraestructura especial, “esto no puede seguir ocurriendo”, manifestó el subdirector de Adolescentes Infractores.

Por ejemplo, en el CDP de El Inca están recluidas 200 personas por apremio de 1.865 internos. Sin embargo, el centro tiene capacidad solamente para 900 personas.

Arévalo indicó que para paliar esa situación se habilitó un solo pabellón para este grupo. De esta manera, cuando los reclusos salen al patio ya no lo hacen por los pasillos compartidos, sino por un corredor directo. “Tienen un pasillo especial para no mezclarse con los otros reos”, afirmó Arévalo.

El nuevo corredor se conecta directo a las áreas administrativas de trabajo social y jurídica.

Declaratoria de emergencia

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, la declaratoria de emergencia en las cárceles del país.

La entidad alista una hoja de ruta “con resultados claros y específicos”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que esta semana se mantuvo reuniones con la Policía y la Secretaría de Rehabilitación Social. “Estamos cerca de presentarle al país un plan de intervención integral”.

A su criterio, es indispensable realizar esta reestructuración en los 33 centros de rehabilitación del país, pero “se analizan las vías”. Romo reconoció la sobrepoblación en los centros carcelarios de Ecuador, “la tasa de encarcelación supera los índices regionales”.

Según Sánchez, el hacinamiento en los centros carcelarios de adultos y en los CDP asciende al 40% y 30%, respectivamente. En los centros de menores, en cambio, no hay sobrepoblación porque se redistribuyó a los reos.

El funcionario de la entidad considera que se debe trabajar de la mano con el sistema de justicia para que no toda orden judicial recaiga en la prisión, sino que se dictaminen otras medidas alternativas.

Para esta nueva transformación del sistema penitenciario se necesitaría cerca de $ 5 millones, de ellos, según Sánchez, se requieren $ 405.000 para readecuar las zonas para adolescentes infractores.

Con estos recursos se remodelarán los centros carcelarios con pintura, baterías sanitarias, sistema de seguridad, entre otros. (I

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