Mesa por la Verdad denuncia a 9 jueces de la Corte Nacional

- 19 de diciembre de 2018 - 00:00
El presidente de la Mesa por la Verdad y Justicia, Paúl Jácome, dijo que en enero presentarán otra denuncia.
Foto: Consejo de la Judicatura / El Telégrafo

En el escrito entregado a la Judicatura pide investigar también a cinco conjueces nacionales y a una exfiscal de Pichincha. Serían parte de la persecución política que aplicó el anterior Gobierno.

El presidente de la Mesa por la Verdad y Justicia “Perseguidos Políticos Nunca Más”, Paúl Jácome, presentó este martes 19 de diciembre en el Consejo de la Judicatura de Transición (CJ-T) una solicitud escrita, a través de la cual pide que se inicie una investigación de oficio contra nueve jueces y cinco conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y a una fiscal.

Según el documento que ingresó para trámite en la Judicatura, los jueces nacionales son: Édgar Flores, Iván Saquicela, Miguel Jurado, Sylvia Sánchez, Marco Rodríguez, Luis Enríquez, Álvaro Ojeda, Pablo Tinajero, Cynthia Mosquera.

Los conjueces: Marco Maldonado, Richard Cabezas, Himmler Guzmán, David Jacho y Patricio Secaira. Además en contra de la exfiscal de Pichincha, Thania Moreno.

Según Jácome, la decisión fue adoptada luego de que el pasado 10 de diciembre, la Mesa por la Verdad y Justicia presentó los avances del informe sobre la situación de perseguidos políticos entre 2007 y 2017.

A la fecha han identificado 493 indicios de faltas al debido proceso cometidas por jueces, conjueces y fiscales.  

Rolando Tapia, integrante de la Mesa, indicó que estos 15 funcionarios denunciados son los primeros que deben ser investigados y que paulatinamente irán presentando las denuncias contra el resto de operadores de justicia.

Denuncian amenazas

A su vez, la vocal del CJ-T, Angélica Porras, quien fue asignada para apoyar la Mesa por la Verdad y la Justicia, presentó este martes 19 de diciembre en la Fiscalía de Pichincha una denuncia por presuntas amenazas a su persona, a tres miembros del equipo técnico de la Judicatura y a la vicepresidenta de la Mesa.

Indicó que las “amenazas directas e indirectas contra la integridad personal” son “para que no continúen con su trabajo y, especialmente, para que no impulsen la investigación de posibles infracciones cometidas por los operadores de justicia”.

Las amenazas las recibió entre el 11 y el 13 de diciembre de 2018. (I)

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