El control de convencionalidad es un mecanismo comparativo entre las leyes de los países y las normativas de los organismos internacionales, que se aplica cuando se presume una violación a los derechos de los ciudadanos.   

La Comisión Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) aplica este instrumento jurídico   dentro de los estados que la conforman, entre ellos Ecuador, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones internacionales.

Durante el V Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, que se desarrolla hasta el viernes en la Universidad Católica de Guayaquil, el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Manuel Ventura Robles, manifestó que los países adscritos están obligados a velar para que los efectos de los preceptos de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.

La jurisdicción
de protección internacional  es
de carácter complementarioVentura explicó que el control de convencionalidad no se limita a las disposiciones del tratado sino también a las interpretaciones de la CIDH en cada proceso.

En el año 2006 se aplicó por primera vez la herramienta en el caso Almonacid Arellano, chileno militante del Partido Comunista que fue asesinado por carabineros en 1973.

La causa se ventiló en la Corte  por denegación de justicia y no por homicidio, además se argumentó que el crimen ocurrió antes de que ese país ratificara la competencia de la CIDH, lo que fue rechazado porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y se ordenó que el estado chileno indemnizara a la esposa del fallecido.

“El 26 de septiembre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia sobre excepciones preliminares, fondos reparaciones y costos, lo cual  se relaciona con la falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución (extraoficialmente por un carabinero) de Almonacid Arellano”, detalló.

Tras el dictamen quedó constancia de que los jueces y tribunales internos de un estado que ha ratificado un tratado internacional, están sometidos a ese convenio.

Ventura dijo que los altos tribunales de la República Dominicana, Bolivia, Perú, Argentina, México,  Panamá y otros países de la región se han referido y han aplicado el control de convencionalidad.

De igual manera comentó que la CIDH ha posibilitado reformas constitucionales en casos de limitación de propiedad comunitaria indígena, autoamnistía, libertad de pensamiento y expresión, desaparición forzada, masacres, derechos de la mujer y  jurisdicción militar.

Enrique Rojas, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Público y Administrativo (Costa Rica), expresó que el derecho es una ciencia social que está en pleno desarrollo, adaptándose a las nuevas vivencias de la sociedad. “Cuando fuimos estudiantes siempre se dijo que en la cúspide estaba la Constitución política, pero actualmente ésta ya no es la fuente más importante de la legalidad administrativa y constitucional. El derecho convencional viene a cambiar este sistema y aquellas normas que atenten contra un derecho humano”.

Rojas afirmó que en Costa Rica se ha establecido que la Sala Constitucional pueda declarar nulas o inválidas aquellas normas contrarias a un tratado internacional.

La cita iberoamericana concluirá mañana

Ventura agregó que la protección inicial de los derechos humanos corresponde al Estado y que la jurisdicción de protección internacional de estos es de carácter complementario o subsidiario.

Asimismo, invitó a los defensores en ejercicio a contribuir con el cumplimiento de las sentencias de la CIDH y a que estén pendientes de que los jueces realicen el control de convencionalidad de las normas y de las  medidas a suministrar en cada caso.

El V Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo se efectuará hasta mañana con el análisis del Control de Convencionalidad y su impacto en el Derecho Público.

DATOS

La Comisión Americana sobre Derechos Humanos aplica este instrumento jurídico dentro de los estados que la conforman.

El control de convencionalidad no se limita a las disposiciones del tratado, sino también a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Veinticinco países han ratificado su firma a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), entre ellos Ecuador.