En la audiencia de vinculación, efectuada ayer en la Unidad Judicial de Pichincha, la jueza Karen Matamoros dictó prisión preventiva contra nueve procesados y dispuso medidas cautelares a ocho imputados por el presunto delito de cohecho en la empresa pública Petroecuador.

La jueza acogió el pedido de la Fiscalía al ordenar la prisión preventiva contra Carlos P.Y., exministro de Hidrocarburos; Alex B., expresidente de Petroecuador; Arturo E., los hermanos Juan B. y Jaime B.; Arturo P., Humberto G., Fabricio Y. y Glenda M.

Además, dispuso la incautación inmediata de los bienes de las personas indicadas, para lo cual remitió comunicaciones a la Superintendencia de Bancos y al Registro de la Propiedad.

La prohibición de salida del país, y presentarse los lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 08:30, en el juzgado, son las medidas cautelares que se aplicarán de inmediato en contra de los sindicados, Paquita de M., Jelice H., Gorky S., Ramiro D., Sonia C., Carlos P.A., Fabricio Y., Yolanda P. y Sonia P.

En contra de los procesados Rosa P., Carlos P.A. y Yelice H., la autoridad judicial ordenó la prohibición de enajenar bienes.

Informe de asistencia internacional

El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Jacinto Timbalombo, explicó que en la investigación por el presunto cohecho recibió la asistencia penal en Panamá, cuyo informe completo tiene alrededor de 1.700 páginas.

Timbalombo indicó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía han permitido vincular a los 17 ciudadanos. “Se recabaron los elementos con la asistencia internacional remitida por Panamá que se refieren a los registros obtenidos de las empresas Arkdale, Girbra S.A., Capaya y del sistema finaciero, en donde se detallan las transacciones  hechas a través de la empresa de Alex B.”.

Señaló que las pruebas serán expuestas en el juicio, ya que no se puede determinar un monto total, porque la información de este tema fluye desde ese país. “De los movimientos bancarios de Girbra hay $ 13 millones entre depósitos, transferencias, etc. (...) Está determinado que el beneficiario de la empresa Capaya es Carlos P.”.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, consideró que pueden recuperar todo lo que “estos miserables le han robado al país, podemos embargar los bienes, las compañías privadas que también han sido corruptoras  y deberían entregar esos dineros”.

Al referirse a que varias  personas vinculadas están fuera del país. Mera insistió en que el Gobierno se enteró del tema, una vez que llegaron los documentos de Panamá. “El corruptor salió antes, eso no se pudo controlar, pero la investigación comenzó en mayo”.

Defensores insisten en inocencia

Xavier Cazar, abogado de Carlos P., cuestionó la prisión preventiva y las medidas cautelares dictadas en contra de su defendido y la falta de argumento de la Fiscalía, tras indicar que presentará todos los elementos de descargo.

Paúl Ocaña, abogado de Arturo E., expresó que su defendido es inocente. “Van a aportar toda la prueba que la Fiscalía necesita para aclarar los hechos. Ratificaremos la inocencia de mi defendido”.

Jorge Acosta, abogado de los hermanos Juan y Jaime B., señaló que “no hay una sola transferencia que haya ido a alguna de las empresas mencionadas”.

Lo que debe investigarse es la existencia de un privado que entrega dinero, del empleado público que recibe dinero y del dinero que es el vínculo causal, lo cual no han probado, indicó Acosta.

Ante el pedido de la Fiscalía General del Estado, el 17 de agosto último, el juez de Garantías Penales, David Lasso, ordenó la prisión preventiva contra Javier B. y la retención de los valores de sus cuentas, por un supuesto cohecho cometido dentro de los contratos con la Empresa Estatal Petroecuador.

Investigaciones de UAF

La fiscal Susana Rodríguez dijo que las investigaciones en este caso se iniciaron con base en los informes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estos habrían detectado operaciones inusuales e injustificadas desde el 13 de febrero de 2014 entre las empresas de Javier B. y de Alex B., exgerente de Petroecuador.

Existirían 12 contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa OIL Service&Solutions S.A., propiedad del ahora procesado Javier B., por los que se habrían realizado transferencias inusuales a las  Bahamas, según los registros que se habrían revelado en la investigación de los ‘Panama Papers’.

Además, la Fiscalía incorporó como elementos de convicción la suscripción del contrato de “agenciamiento” entre Girbra S.A. (de Alex B.) y la empresa Arkdale Investment Limited, propiedad de primos hermanos de Javier B.

En los contratos, la empresa Arkdale Investment Limited habría asumido la obligación de pagar a Girbra S.A. una comisión inicial de $ 600.000, más una comisión del 10% del monto facturado en cada contrato de venta de servicios a clientes que se genere a partir del 10 de febrero de 2014. Incluso un día antes ya se habrían  identificado transferencias entre las dos compañías desde una cuenta del EFG Bank Ag Zurich, radicado en Suiza. (I)