El policía Francisco C., que hace tres meses fue sobreseído por un juez del cargo de ejecución extrajudicial de Zoila Amada Suárez, será aprehendido para asegurar su presencia en el juicio.

El 21 de julio de este año, el juez Miguel Jurado no acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía y sobreseyó al procesado Francisco C., por lo que mantuvo su libertad.

La Fiscalía presentó un recurso de apelación y el miércoles último en la audiencia, desarrollada en el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal Galo Chiriboga explicó que Zoila Amada Suárez, madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, alias el ‘Niño del Terror’, fue ejecutada extrajudicialmente, pues los disparos habrían sido realizados por policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

El hecho ocurrió el 16 de enero de 1992 en Quito, durante el operativo para capturar a Hermosa en su domicilio. Francisco C. es quien habría dirigido el primer grupo que incursionó en la vivienda y disparó indiscriminadamente contra Suárez mientras ella dormía.

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía figura el listado del personal que participó en el operativo de captura a Hermosa y recibió una condecoración por el Consejo Superior de la Policía. Allí apareció el nombre de Francisco C.

Otra prueba que presentó fue el protocolo de autopsia que reveló que Suárez recibió de 19 a 20 disparos con arma de fuego. También consta el informe de la trayectoria balística y la reconstrucción de los hechos.

Los jueces del tribunal del CNJ dictaron la prisión preventiva en contra del procesado y dispusieron que se oficie a la Policía Nacional para su localización y captura.

Situación de vulnerabilidad

Zoila Amada Suárez tenía una deficiencia auditiva y su condición de movilidad era reducida, es decir, era una persona en situación de vulnerabilidad. Este caso es el séptimo judicializado de los 118 investigados por la Comisión de la Verdad publicado en el informe en 2010.

La Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía abrió una indagación como una violación grave a los derechos humanos. Al momento, en el proceso que se encuentra en etapa de juicio hay siete personas llamadas a comparecer. (I)