El Frente Oliver Sinisterra, de alias “Guacho”, no es la única ni más grande organización armada que opera al sur colombiano. Han sido identificadas, por lo menos, 12 bandas narcodelictivas que tienen su influencia en el departamento de Nariño, fronterizo con las provincias de Carchi y Esmeraldas.

Estas estructuras criminales han desencadenado desde 2017 una ola de violencia en Colombia. Este conflicto, que hoy también afecta a Ecuador, fue analizado ayer en el programa “Del otro lado de la Frontera”, de Ecuador TV.

Ariel Ávila, reconocido investigador y vocero de la Fundación Paz y Reconciliación, una ONG que estudia desde hace varios años el conflicto colombiano, reveló que en Nariño se vive una “guerra civil” por el control, por el territorio y por el manejo del negocio de la droga.

Esta lucha se desencadenó luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se unieron al proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Esos grupos, primero llamados disidentes, no compartieron la idea de entregar las armas y decidieron apropiarse de las plantaciones, laboratorios y rutas para la exportación de la droga.

De acuerdo con Ávila, en el escenario de Nariño y especialmente el municipio de Tumaco se convierte en zona clave, porque en esa jurisdicción se concentra el mayor porcentaje de plantaciones de coca del sur colombiano.

“Tumaco tiene el 16% de las hectáreas de coca de Colombia, de las 146.000 ha. Hay 20.000 familias que viven del negocio de la droga. Entonces el frente Oliver Sinisterra les presta seguridad, les construye carreteras, les resuelve problemas de sus linderos y la población está metida en una clientela criminal”, dijo el especialista.

Las otras bandas armadas no se quieren quedar fuera del lucrativo negocio del narcotráfico y  mantienen un  combate por esa zona. Incluso -a criterio de Ávila- las acciones violentas de “Guacho” ocasionaron que sus aliados lo abandonaran.

“Guacho era aliado de las Guerrillas Unidas del Pacífico y del Frente Steven González que hoy se están matando. En este proceso de anarquía criminal se crean y deshacen alianzas porque están en un proceso de reacomodo”, explicó Ávila.

Cree que la caída de “Guacho” y del Frente Oliver Sinisterra es casi inminente. Esta banda narcodelictiva no  solo cuida sus pasos de las fuerzas armadas y de los gobiernos de Colombia y Ecuador, que emprendieron con su búsqueda y dan recompensa por su captura,  sino que también de las otras bandas  que quieren a su cabecilla.

Exguerrilleros, “paras” y sicarios 

Los principales grupos armados organizados que operan en Nariño tienen su origen en los mismos actores del conflicto colombiano que llevan más de cinco décadas en disputa. Por ejemplo, el grupo denominado “Gente de Orden” está integrado  por exmilicianos de las FARC; mientras que “La Empresa” por grupos paramilitares que controlan los laboratorios de procesamiento de pasta de coca en el bajo Mira.

La “Organización sicarial del Pacífico” es otro de los grupos que genera el temor en esa zona. Ellos hicieron presencia al final de 2016: amenazaban con terminar con los milicianos y colaboradores de las FARC.

En esta misma línea se encuentran “Los Negritos”, responsables de varias amenazas a los civiles que participan en el proceso de paz con la extinta guerrilla.

Luego están las “Guerrillas Unidas del Pacífico”, compuesta por desertores del frente 29 de las FARC. Se conoce  su presencia en ocho municipios del pacífico nariñense y sus acciones se centran en el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico hacia el norte de América.

También figuran la “Columna Gaula” y “Nuevo Grupo”, dedicados a la extorsión a comuneros de Nariño. Los investigadores colombianos no tienen mucha información sobre ellos, solo que lo integrarían exguerrilleros.

Historia se repite en Putumayo

El 26 de marzo de este año,  el Ejército ecuatoriano detectó una base de descanso de los grupos armados oculta en la selva en el sector de Manzayá, en el Putumayo, provincia de Sucumbíos.

Esta fue la segunda base hallada en lo que va de 2018  en la zona. Ese puesto clandestino fue usado, aparentemente, por integrantes del “Frente Heller Mosquera”, una organización compuesta por exmilicianos de la guerrilla de las FARC que no quisieron volver a la sociedad.

Entre las evidencias encontradas por los militares había un comunicado firmado por este Frente, donde anunciaba a los comuneros que iban a pedir su colaboración económica a cambio de  la seguridad de la zona.

El panfleto habría sido escrito el 18 de enero pasado e iba a ser repartido en la jurisdicción, como se evidencia en las decenas de documentos escondidos en una caleta cavada en un puesto de descanso clandestino.

El entonces jefe del Batallón Putumayo del Ejército ecuatoriano, Carlos Ayala, dijo que los campesinos de la zona denunciaron las extorsiones. Y  calificó a estos grupos disidentes de las FARC como “narcoguerrillas” y “sumamente peligrosas”.

¿Fracasó estrategia colombiana?

Al otro lado de la frontera  consideran que la estrategia colombiana para frenar al narcotráfico y los grupos armados fracasó. Por ejemplo, una cifra sustenta ese criterio: luego de 20 años de una política focalizada en operativos militares y policiales, las hectáreas de plantaciones de coca no disminuyeron, sino que aumentaron.

El último informe de las Naciones Unidas sobre el impacto del narcotráfico en esta zona del continente reveló que la superficie dedicada al cultivo de arbustos de coca en Colombia experimentó un aumento de más del 50%, de 96.000 hectáreas en 2015 a más de 146.000 en 2016.

El periodista colombiano Yamit Palacio considera como un fracaso la estrategia militar de su país.

Indicó que existe un abandono histórico a la población de las fronteras, no solo en la ecuatoriana, sino que se repite en zonas colindantes con Venezuela, Panamá y Perú.

“No solo con hombres armados van a solucionar este conflicto (...) Mañana cae “Gaucho” pero ¿qué van a hacer con todas las personas que operan con él?, ¿va a aparecer otro “Guacho”?. El caldo de cultivo no va a terminar”.

Este criterio es compartido por Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. Para él, la  mayor responsabilidad la tiene Colombia por dejar abandonados sus linderos.

Esta ausencia ocasionó un vacío de poder que fue aprovechado, primero por  las guerrillas y paramilitares y ahora por grupos criminales. Todos ellos tenían un mismo objetivo: controlar las plantaciones, laboratorios y rutas del narcotráfico.

A esto se suma -según Ávila- que desde Ecuador se privilegió el control de la frontera con Perú, por el conflicto limítrofe que tenía. También predominó el discurso de que el narcotráfico es un problema colombiano.

Otro elemento clave, además, es que luego del bombardeo de Angostura en 2008, las comunicaciones entre las fuerzas armadas colombianas y ecuatorianas no estuvieron coordinadas y no actuaron en conjunto.

Para el periodista Palacio, en Colombia existe un sentimiento de solidaridad con el pueblo y el gobierno ecuatoriano que han sido golpeados por un problema que traspasó la frontera y que no ha podido ser controlado eficazmente casa adentro. (I)