Dos funcionarias del Consejo de la Judicatura (CJ) fueron detenidas al ser acusadas de haber permitido la entrega del anticipo de dinero a una compañía de tecnología, a pesar de que había un informe previo que disponía la cancelación unilateral del contrato, por incumplimiento.   

Según la indagación fiscal realizada luego de la denuncia del director administrativo del CJ, Francisco Jácome, la administradora del contrato, Carolina H., y Nubia P. habrían elaborado otro informe donde autorizaban entregar el anticipo del 30% (392.961 dólares) a una empresa por la adquisición de un sistema informático para la entidad.  

El total del contrato ascendía a un millón 390 mil 870 dólares, y fue suscrito el 24 de octubre del 2011, pero la Judicatura realizó un informe evaluatorio y decidió terminar con el compromiso debido a que la compañía, supuestamente, no entregó los equipos en la fecha indicada sino dos días después de terminado el plazo.

La fiscal Diana Salazar determinó que, posiblemente, se cometió un delito de “desnaturalización de documento”, según el artículo 338 (en concordancia con el 337) del Código Penal, por lo que consideró que se ha perjudicado a la institución y solicitó su detención.

Javier H., hermano de la administradora del contrato imputada, señaló que Carolina es víctima de un complot, ya que la designación fue temporal y ella no habría encontrado ninguna ilegalidad en el contrato, por lo que siguió el trámite regular.