Freddy Mejía Montero vendió los bienes y ganado de su finca que tenía en Flavio Alfaro, provincia de Manabí. El objetivo era financiar los estudios universitarios de sus dos hijas con ese dinero.

Tras la venta, a comienzos del año anterior, llegó a radicarse en Quito e invirtió $ 77.000 en Sociedad Financiera Proinco S.A., pero al poco tiempo salta el escándalo de que esta empresa estaría estafando a quienes confiaron su dinero y cierra sus operaciones financieras.

Desde esa fecha, Mejía, quien además es una persona con discapacidad, enfrenta un grave problema: no tiene trabajo fijo. Como auditor, a veces consigue trabajos ocasionales, pero en las noches y madrugadas sale en su auto particular a trabajar como taxista informal.

“Tengo mi familia acá, logré que entren mis hijas a la universidad, estoy haciendo lo imposible por trabajar, en las madrugadas lo hago como taxista exponiendo mi vehículo y mi vida”, señala, al precisar que ahora se ha quedado “sin un centavo de ahorros”; ya no tiene la finca ni el dinero.

Él es uno de los aproximadamente 1.300 perjudicados por Proinco, que está complacido con la actuación de la justicia en el caso, aunque admite que ahora el problema es recuperar sus $ 77.000 o, al menos, una parte.

Tres sentenciados por estafa

Este es el criterio de la mayoría de afectados, luego de que el jueves en la tarde, el Tribunal Penal de Pichincha sentenció a 13 años y 4 meses de prisión a los tres ejecutivos de la Financiera Proinco S.A., Santiago R., Fernando C. y María G., por el delito de estafa masiva, contemplado en el art. 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La pena impuesta incluye el pago de $ 98’889.729 como reparación a los aproximadamente 1.300 perjudicados. Además, Santiago R., quien fue declarado autor directo; Fernando C. y María G., como coautores, tienen prohibido enajenar sus bienes y están retenidas sus cuentas. También pagarán una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados, de acuerdo con el fallo.

La resolución adoptada por el tribunal, integrado por los jueces María Suárez, Luis Manosalvas y Daniel Tufiño, determina también que a la cuarta persona procesada, Carmen González, se la declara inocente al no haber acusación fiscal.

La fiscal Susana Rodríguez, quien pidió el máximo de la pena para tres de los cuatro procesados, dijo sentirse complacida por el fallo.

Según la Fiscalía, las empresas Asesores Integrales Mingacorp S.A., Maktradecorp S.A. y Encaisser S.A., relacionadas con Proinco y creadas por Santiago R., habrían recibido inversiones financieras del público, pese a tener prohibición.

Ninguna de las empresas mencionadas tenían la liquidez suficiente para cubrir ni siquiera las obligaciones básicas, como los pagos patronales y tributarios, según la parte acusadora, que además precisa que solo habría unos $ 30 millones para cubrir las acreencias.

El principal directivo de Sociedad Financiera Proinco S.A., Santiago R., anunció el miércoles que cuenta con el patrimonio suficiente para cumplir con las obligaciones pendientes de pago.

“Se está haciendo justicia en el país y seguiremos adelante hasta las últimas consecuencias”, dijo Ramiro Mayorga, uno de los abogados procuradores de los afectados, al tiempo de reconocer que ahora el problema es cómo recuperar los valores de cada uno de los perjudicados, aunque, advirtió, se buscarán los mecanismos respectivos.

Darío Torres, otro acusador y perjudicado con $ 35.000, manifestó que una forma de recuperar el dinero sería a través de los activos de Proinco. (I)