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El Telégrafo
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Este año se prevé identificar a todos los privados de libertad

Este año se prevé identificar a todos los privados de libertad
22 de enero de 2014 - 00:00

El verdadero Diego Armando Soledispa Atocha apareció para revelar el temor que vivió durante años viendo su nombre en notas periodísticas relacionadas con delitos. Su identidad fue empleada por Abraham Heriberto Casanova Castillo, quien también se hacía llamar Henrry Fabián Santos Minaya.

Este último falleció el pasado domingo en un incendio registrado en el pabellón ‘A Alto’ de la Penitenciaría del Litoral, donde estaba recluido, sentenciado a 25 años por el delito de asesinato, tenencia ilegal de armas de fuego, asociación ilícita. También estaba implicado en el secuestro del exalcalde del cantón Muisne.

En una versión receptada por la Fiscalía del Guayas, el procesado mencionó que cambiaba sus identidades, ya que su nombre había sido tomado por otra persona.

Para Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo de Rehabilitación Social, esta es “una práctica mañosa de las personas privadas de libertad y de la delincuencia en general”.

Para evitar estas situaciones, en el nuevo modelo de gestión de rehabilitación que se aplica en Ecuador se contempla la identificación y registro de las personas privadas de libertad (ppl). Este es un proceso que avanza con la inauguración de los nuevos recintos penitenciarios.

En diciembre de 2013 fueron trasladados 3.860 internos desde los pabellones más conflictivos de la Penitenciaría del Litoral a la nueva cárcel Regional del Guayas. Después se hizo lo propio con 17 reos que habrían intentado fugarse del citado reclusorio, y posteriormente removieron a otros 80 que presentaban problemas de salud. A estos los ubicaron en un pabellón exclusivo.

A cada una de las ppl se las sometió a un proceso de identificación realizado por un equipo multidisciplinario, conformado por Registro Civil, Departamento de Criminalística de la Policía Judicial y Ministerio de Justicia.

Mireya Cárdenas, viceministra de Atención a personas privadas de la libertad, mencionó que esta brigada trabajó durante 24 horas alrededor de un mes. "Hay que destacar que 2 meses antes, 60 personas del Ministerio de Justicia recogieron y ordenaron los archivos que tenían en la Penitenciaría. Este trabajo sirvió de base para el levantamiento de información".

La funcionaria indicó que en ese proceso se descubrió que al menos 300 ppl tenían problemas con la identidad, pero que con la fase de identificación salieron más casos, pero de esta anomalía no se reveló una cifra. Algunos reos mintieron a la hora de decir sus nombres, pero luego se retractaron, pues entendieron que en caso de no revelarlos, sus familiares no podrían saber si estaban en esa cárcel y, peor aún, visitarlos.

"Ya era momento de organizar y tener los datos en un sistema. Esto es parte del nuevo modelo de gestión y esperamos implementarlo en las 29 cárceles a nivel nacional. Antes no existían registros, las ppl entraban con diferentes nombres y no se podía comprobar si eran reincidentes", agregó Cárdenas.

Ledy Zúñiga indicó que la finalidad básica es que los reos cumplan las sentencias por todos los delitos cometidos. También, evitar la corrupción dentro de los reclusorios, pues "al no tener un historial delictivo o antecedentes de mal comportamiento, pueden ser ubicados en pabellones de mínima seguridad, pese a tener otra peligrosidad", sostuvo.

La funcionaria no proporcionó un porcentaje de cuántas personas presentaron problemas de suplantación de identidad, pero aún se realizan estudios para determinar el número de casos. “Así engañaban a los jueces para que no se les registre otros delitos. Esperamos terminar de implementar este proceso a mediados de 2014 cuando se inauguren los nuevos centros de rehabilitación y los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral".

Resultados de la autopsia
Germán Cevallos, jefe de la Policía Judicial del Guayas, reiteró que la persona fallecida dentro de la Penitenciaría tenía 2 identidades en los registros policiales y por ello se necesitaron otros procesos para que los familiares retiraran el cuerpo.

Jorge Córdova, doctor del Departamento Médico Legal de la Policía Judicial, mencionó que se requirió de un análisis dactiloscópico de Criminalística y comparación de las huellas para conocer de quién realmente se trataba, pues “cuando se realizó el levantamiento del cadáver se conoció un nombre y los familiares mencionaron otro”.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sofocación y quemaduras de segundo y tercer grado, que comprometieron el 95% del cuerpo. Además, se tomaron muestras para estudio toxicológico y así descartar o comprobar la sospecha de los familiares.

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