La inseguridad que refleja el Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Guayaquil mantiene en constante zozobra a quienes habitan en las inmediaciones de las calles Gómez Rendón,  Maldonado, Calicuchima, Lizardo García, Babahoyo y Abel Castillo, donde está ubicada la correccional. Incluso los moradores reclaman constantemente y exigen su reubicación o mejoras en los sistemas de seguridad.

“Cada vez que hay problemas los muchachos comienzan a tirarse piedras e inclusive realizan disparos. Nosotros aquí no podemos ni asomarnos a nuestras ventanas. Los niños no pueden salir a jugar al portal de las casas”, indicó una moradora del lugar que prefirió mantener el anominato.

Otra vecina, quien vive en el sector por más de 25 años,  aseguró haber sido testigo del tráfico de drogas y armas desde el exterior del centro de rehabilitación.

La zozobra de los moradores y comerciantes del mercado contiguo al reformatorio aumentó ayer, luego de que se registrara el intento de fuga de 9 adolescentes infractores, quienes habrían escalado las paredes y luego, por los techos del inmueble, saltaron a la explanada donde funciona el mercado.

El hecho se dio alrededor de la 01:00, pero la rápida intervención de los uniformados, pertenecientes a Servicio Urbano y a la  Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), permitió recapturar a  8 de los prófugos.

Varias madres de familia acudieron ayer, presurosas, a preguntar en la prevención del centro si sus hijos estaban entre los transgresores. Muchas se aliviaron al saber que no constaban entre ellos, no obstante, mostraron su inconformidad al enterarse de que todos los internos estaban castigados con la prohibición indefinida de visitas y de la entrega de barracas (provisiones de víveres, dulces, gaseosas, etc.).

El castigo se extendió, señaló Rocío Pérez, madre de un joven, puesto que hace aproximadamente un mes se produjo otro intento de fuga y fueron castigados con las mismas medidas.

Las madres aprovecharon la visita de policías y medios de prensa para denunciar supuestos maltratos a los menores por parte de los guías. Relataron que los disturbios anteriores se originaron, justamente, porque arremetieron contra un centinela que había agredido con un garrote a un interno. “A mi hijo lo golpearon con un cuartón de madera en la espalda, sin medir las consecuencias”, dijo una visitante.

Autoridades del Ministerio de Justicia, encargado del sistema de rehabilitación social del país, como en ocasiones anteriores, cuando se han registrado este tipo de incidentes, mantuvieron  hermetismo sobre  la fuga o  las denuncias de los familiares de los infractores.

La Dinapen-Guayas emitió un informe en mayo de 2011 en el que  detalla la situación de inseguridad en el CAI y propone el reforzamiento de paredes y la instalación de garitas internas. “El trato especial que la Ley de Menores recomienda para los internos limita nuestra actuación y hasta cualquier pronunciamiento”, expresó un investigador de la Dinapen que no reveló su nombre y que la mañana de ayer acudió al sitio para realizar una inspección.

“Aquí (CAI) se pueden escapar por cualquier lado, por esa razón constantemente se suben al techo de la cárcel y protagonizan escándalos”, comentó el agente.

Junto a la pared que limita el mercado de víveres y el CAI, elevada a unos 10 metros, se evidencian varias gradas de metal de unos 3 metros de alto, que podrían facilitar la escalada de los adolescentes.

En el mercado, los comerciantes confirmaron que los menores suben a los techos como “monos”, y provocan  escándalos. “Entonces la policía lanza gases lacrimógenos y eso nos afecta”, comentó una mujer, quien recordó que antes no ocurrían ni fugas ni peleas. “Esto comenzó hace 5 o 6 años”, manifestó.