La presunta red de  tráfico de visas -desmantelada el pasado lunes- permitió la creación de   369 compañías ficticias. Las investigaciones realizadas por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (CNTG), que duraron aproximadamente seis meses,  permitieron determinar que ciudadanos de nacionalidad china y cubana constituyeron empresas con capitales inferiores a lo establecido en la Ley de Extranjería.

Dichos negocios  fueron legalizados por los foráneos en la Superintendencia de Compañías para obtener la Visa categoría 9-IV (otorgada a sociedades empresariales establecidas en el país).

La entrega del visado de dio pese a que   los  capitales     registraban  irregularidades. “Se revisaron   1.161 expedientes (solicitudes de visas) en los que    se detectó que 369 compañías tenían similares características, en el sentido de que eran legalizadas con  un capital de  $ 800, cuando   el   mínimo es  $ 12.500”, reveló una funcionario que colaboró en la investigación del caso y quien prefirió mantenerse en reserva.  

También se encontraron casos de empresas creadas con montos  superiores a lo establecido por la ley, pero con varios apoderados.

La fuente reveló que -según la  reforma del Consejo Consultivo al Reglamento de Extranjería y Migración, publicado en el Registro Oficial 38 de 2009-  cada apoderado tenía que aportar   $ 12.500 para participar en  la empresa.  “En la investigación se encontraron compañías    con un capital de 25.000 dólares, pero con hasta siete apoderados...   lo que no se hacía era multiplicar los $ 12.500 por los siete para fijar el monto real y así que  sea legal el trámite”, relató.

En la mayoría de los casos, la función de  la compañía se establecía para la enajenación, venta y alquiler de   bienes inmuebles.

El supuesto ilícito comenzaba  desde que los tramitadores, en contubernio presuntamente con funcionarios y  abogados,  pactaban con el foráneo el monto a pagar.

“Los precios  iban entre 1.000 y 5.000 dólares, dependiendo del caso”, relató Wilson Navarrete, subsecretario nacional de Investigaciones de la CNTG.    A cambio de esos montos tramitaban documentos totalmente falsos. 

Dijo que   la red  operaba desde el interior de Extranjería. “Una vez que cumplían los requisitos se enviaban los documentos al notario, quien era el encargado de dar fe pública de esos papeles, entre los cuales constaban  las cédulas de identidad,  actas de matrimonio, el certificado de garantía económica, y otros”.

El funcionario relató que cuando se cotejó la información de las empresas, se llegó a la conclusión de que   en la mayoría de casos no coincidían  las direcciones. “Para que el notario dé fe de que existe una compañía, primero debía hacer una diligencia preparatoria para constatar su existencia, en algunos casos solo cambian de posición el escritorio y el televisor  para hacer las fotos de otras empresas  ficticias”.

Los extranjeros  preferían participar de estas ilegalidades  porque llegaban al país  con visas de turismo y una vez que  vencían  los  90 días de estadía decidían  quedarse de forma  irregular. “Esto recién es el principio, después   van a caer más”.

Una vez legalizados los documentos  por el notario, se entregaban las carpetas en la oficina de Extranjería. “A lo que  se ingresaban    los documentos, pasaban al director y él a su vez derivaba  las carpetas a los distintos asesores, quienes a su vez -al momento que tenían un informe jurídico- remitían nuevamente al director”, explicó. “Lo que decían estos reportes era sugerir al director que -salvo su mejor criterio- podía aprobar el trámite de acuerdo a la Ley y Reglamento”.

El fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo,  explicó que el caso es investigado por 3 fiscales: Luis Rada Viteri, Manuel Alvear Hernández y Pedro Intriago, quienes han dictado instrucciones fiscales contra los implicados por los delitos de tráfico ilegal de migrantes, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita.

A  22 de los 23 detenidos, hasta la mañana de ayer, se les dictó prisión preventiva.  Entre los implicados están Segundo   Zurita Zambrano (actual Registrador de la Propiedad de Guayaquil),  Marcos Díaz Casquete y Rodolfo Pérez Pimentel, quienes  están bajo arresto domiciliario. 

Referente a la presunta participación de los notarios, Edwin Jarrín, secretario nacional de Transparencia, explicó que son los notarios los que dan fe pública de determinados documentos y cuando   es adulterado en presencia de un notario, éste está siendo parte de la falsificación de los documentos.

Mientras   que los tramitadores  tenían el rol de agentes externos que reclutaban al extranjero para naturalizarlo a cambio de dinero. “Estos tramitadores le daban al foráneo  la cobertura para   las visas  9-6 (unificación familiar) y la 9-4 (para trabajar en una empresa)”, dijo Jarrín, quien agregó que los ex funcionarios de la Dirección de Extranjería  hacían que los trámites se aprueben.