Los ojos de Luis L. se enrojecen por no llorar. El hombre reprime las ganas de gritar que le devuelvan el dinero. Ya van más de tres años en su lucha contra quienes utilizaron una letra de cambio en blanco para luego cobrar un dinero que, según él, nunca pidió.

En su tierra, cantón Gualaceo, en la provincia de Azuay, no es el único que ha sido perjudicado por los llamados ‘chulqueros’ (prestamistas). Él solo es un ejemplo de la crueldad con la que actúan las personas que facilitan dinero con un interés del 4 y 5% mensual. “Yo pedí $ 25.000, pero me exigieron una hipoteca de una de las propiedades, logré pagar $ 17.000, luego me sumaron en la letra de cambio en blanco una cantidad de $ 53.000”, dijo el hombre que ahora busca ayuda en los tribunales para recuperar su vivienda, que ya fue tomada por el ‘chulquero’ G.C.

Según el perjudicado, perdió su casa valorada en $ 250.000, ya que el prestamista se la quitó e incluso la remató en $ 60.000. “Tuve que salir de la noche a la mañana, me dejaron en la calle, me arrinconé en una casita que tenía mi madre, mientras mi hija que vivía con nosotros se fue a arrendar un departamento”.

Incluso, debido a la angustia, su esposa está postrada en la casa por la enfermedad. “Le dio un derrame, tiene diabetes; yo cuido de ella”.

Pero si Luis tiene esos problemas, María H. está al borde de la desesperación. Tenía su fábrica de zapatos que, según ella, producía 500 pares al día y facturaba alrededor de $ 10.000 diarios. Para su labor solicitaba préstamos de entre $ 40 y $ 50 a G.C, pero un día se quedó una letra de cambio vacía y al poco tiempo apareció que tenía una deuda de $ 305.000. “Jamás hice ese pedido”, aseguró la mujer, quien añadió que existe ya un llamamiento a juicio por supuesta usura en el cantón Gualaceo y que solo espera la notificación de la fecha para acudir a la audiencia en contra del supuesto estafador.

La fiscal Elizabeth Valdiviezo, en febrero de este año, en su dictamen acusatorio puso elementos jurídicos que hicieron que el juez dé paso a los ciudadanos procesados. La sanción en el artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece para este tipo de delitos una pena privativa de libertad entre 5 y 7 años; además, la normativa establece reparaciones integrales a las víctimas, como una indemnización.

Cuencanos cayeron con prestamistas

Jorge está a punto de perder la mitad de su casa en Cuenca. Hizo un préstamo de $ 8.000 al 5% mensual, pero la letra fue alterada.

Pero este problema también se extiende a Cuenca. Jorge P. durante 15 años trabajó levantando su vivienda de tres pisos, ubicada en la avenida 1 de Mayo. En 2004 pidió $ 8.000; según él, terminó de pagar una letra con un interés del 5% mensual. “Para pagar la otra letra pedí que se me bajara el costo del interés al 3%”.

Jorge recordó que la mujer que hacía los cobros desapareció en 2012 y, sorpresivamente, al siguiente año surgió una demanda por $ 8.000. Desde entonces el hombre ha buscado en los tribunales que se le haga justicia, sin encontrar mayor respuesta a su pedido.

“La mitad de mi casa se la puede llevar en cualquier momento el chulquero, porque la deuda ha crecido con los intereses”, indicó el ciudadano, quien pidió que la justicia respalde también a otros perjudicados.

Usureros prefieren a los  barrios de Machala

Los chulqueros prefieren los barrios suburbanos de Machala para captar a sus víctimas.

Una de ellas es María (nombre protegido), quien habita en un barrio de Puerto Bolívar, en Machala, provincia de El Oro. En noviembre de 2016, ella tenía una emergencia con la enfermedad de su hija, por lo que realizó un préstamo de $ 600 a una señora que le recomendaron. Por la desesperación firmó una letra de cambio en blanco a tres meses plazo con el 10% de interés de la deuda.

“Pasaron los tres meses y le pagué todo, ahora resulta que mi letra de cambio no aparece, me dice que se perdió y cuando voy a reclamarle sale más molesta, incluso amenazándome”, dijo la mujer, quien denunció el caso en la Fiscalía de El Oro.

Ella no es la única víctima, solo en este año se han presentado más de 30 casos de usura, abusos de confianza o estafa. La última causa, y con detención de una mujer acusada de chulquera, se registró en un barrio del cantón Santa Rosa.

Según la denuncia, la mujer realizó un préstamo de $ 200, al 10% mensual, pero con la condición de que le firmen una letra sin fecha y sin cantidad. “Después de 30 días me acerqué al domicilio de la prestamista y le pagué la cantidad de $ 220 que correspondía al pago del capital y los $ 20 por el interés de los 30 días, reclamé que me devuelva la letra firmada en blanco, pero ella me contestó que no la encontraba”, explicó  la denunciante a las autoridades.

Este hecho ocurrió en 2005, tres años más tarde (11 de febrero de 2008), a la presunta víctima se la citó para embargar sus bienes. “Recién me entero de que la persona que me había prestado el dinero llenó la letra de cambio en blanco, por el monto de $ 15.000”.

Después de unos años de juicio, la presunta perjudicada logró obtener la boleta de captura, la cual se dio cumplimiento el  18 de abril de 2017. Luego de la audiencia de formulación de cargos, la presunta chulquera, de nombre Mercedes E., quedó con prisión preventiva.

Según Paúl Orellana, abogado de profesión, los casos de usura se presentan en los lugares suburbanos de las ciudades, donde los usureros o chulqueros se aprovechan de la ingenuidad y desesperación de las personas para arrebatarles sus bienes mediante argucias.

90 años en Ecuador

Desde 1927 la usura tiene presencia en Ecuador, según la revista Justicia para Todos, del Consejo de la Judicatura. Hace 90 años que los usureros suman víctimas en sus listas y sus fortunas aumentan.

El Consejo de la Judicatura implementó el Plan Nacional de Lucha contra la Usura en 2013 y controla su aplicación a través de la Dirección Nacional de Transparencia que combate contra la impunidad.

Las estadísticas de 2014 evidencian que de enero a junio se registraron 627 casos a nivel nacional. De esa cantidad, 101 correspondieron a Azuay, la primera provincia de Ecuador con mayor número de denuncias por usura. Le sigue Cañar. En ese año se dictaron cinco sentencias contra usureros.

La situación fue preocupante, ya que ese año el Consejo de la Judicatura (CJ) se reunió con las autoridades policiales, fiscales y defensoría Pública de Azuay y las víctimas de los chulqueros.

El objetivo de la reunión fue apoyar a los perjudicados y acordar con las autoridades para sancionar a los usureros.

Desde 2014, la justicia cuenta con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para castigar este tipo de delitos. Según el artículo 309: “La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por la ley será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada con una pena de siete a diez años...”.

Jaime y su familia buscan ayuda en los tribunales para salvar su vivienda de los llamados ‘chulqueros’, que pretenden quitársela por una deuda que, según él, no adquirió.

Defensa de los ciudadanos

Jorge Coloma, defensor público regional, se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos para que haya un debido proceso en los casos.

Según el funcionario, la Defensoría Pública no patrocina los casos donde esté de por medio la recuperación de dinero. “Sin embargo, haremos una excepción, ya que observamos que muchas personas están por quedar en la calle”.

En la Defensoría de la Regional no se han presentado casos. “Espero ahora ayudar a las personas que requieran este servicio, insistió Coloma.

Agustín Guillén, coordinador del Observatorio de Servicios Públicos y asesor de los perjudicados, sostuvo que en los últimos 5 años, no más de 10 personas han sido sentenciadas, “pero nadie está en la cárcel”.

Los denunciados por usura salen libres, aduciendo que son de la tercera edad o buscan mecanismos para ser liberados.

En los últimos cinco años, el Observatorio recibió alrededor de 30 denuncias, las cuales fueron canalizadas a las instancias respectivas. “No todos quieren presentar las denuncias correspondientes. En unos casos, por vergüenza; en otros, por vanidad, ya que son personas que tuvieron recursos y ahora lo perdieron todo y no quieren que el resto conozca su situación”.

Guillén también indicó que, en un inicio, a la oficina llegaron alrededor de 100 personas, pero se han ido separando. “Han recibido amenazas de los chulqueros. Eso los ha corrido”.

Para Cristian Gálvez, representante de la Fiscalía de Azuay,  es necesaria la colaboración de los ciudadanos, presentando las denuncias correspondientes y con todos los argumentos legales. “No se trata de sancionar y luego investigar, sino de investigar primero para dar la sanción correspondiente”.

El miércoles último, en una de las salas de la Judicatura de Cuenca se reunieron los perjudicados con autoridades de justicia con la intención de exponer sus casos, denunciar a los usureros y recuperar los bienes que les fueron arrebatados, además  de agilizar sus casos.

Mateo Ríos, representante del Consejo de la Judicatura en Azuay, ofreció dar apoyo a los perjudicados por usura, pero también pidió la colaboración de las personas.

‘Préstamos gota a gota’ preocupan a la Policía de América Latina

Las personas obtienen dinero rápido, sin garantías ni avales, a devolver en cuotas muy pequeñas, pero intereses altísimos. A esta clase de actividad financiera se denomina ‘préstamos gota a gota’. Si no cumples con tus cuotas, es muy posible que corras peligro.

Grupos compuestos en su mayoría por colombianos han sido detectados, algunas veces arrestados y condenados, en varios países por delitos que derivan de la usura, el robo, lavado de dinero y agresiones.

El tema de los ‘préstamos gota a gota’ tiene décadas de existencia y es legal en muchos países, pero comienza a preocupar a la Policía de Latinoamérica por los delitos asociados a esa actividad.

Después de que le dan el dinero a la persona que lo necesita, por lo general tiene 20 o 30 días para devolver el monto, más un interés que oscila entre el 10% al 40%.

Los cobradores, en muchos casos colombianos, asistirán puntuales durante ese tiempo para recibir la cuota diaria.

Según Carlos, un taxista chileno, prestó $ 150 y terminó pagando cinco veces esa cifra: $ 750.

Casos similares fueron reportados en Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala y Honduras.

Román Ortiz, director de la consultora colombiana Decisive Point y experto en seguridad latinoamericana, explicó a BBC Mundo que existen tres razones

para la proliferación de los ‘prestadiarios’ en la región:

1. Los Estados latinoamericanos no tienen mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas empobrecidas y alejadas, donde grupos extorsionadores pueden operar.
2. La falta de funcionamiento del sistema judicial, lo que genera informalidad e ilegalidad.
3. La baja bancarización de las personas, que no pueden acceder a créditos y están obligadas a moverse en la economía informal.

“El sector informal es abordado por estructuras criminales con este tipo de préstamos de usura con tasas de interés muy altas”, señaló Ortiz.

Datos

- En 2013 el Consejo de la Judicatura implementó el Plan Nacional de Lucha contra la Usura.

- De enero a junio de 2014 se denunciaron 627 casos de usura; los perjudicados se unieron para exponer su situación.

- El Código Penal anterior tipificó el delito de usura, cuya sanción era de 6 meses a 2 años de prisión. La máxima pena era de 4 años.

- Las penas se endurecieron con el vigente Código Orgánico Integral Penal, el cual determina de 5 a 10 años de cárcel. (I)