“El 30 de septiembre de 2010 (30-S), el Ecuador sufrió una crisis lamentable, pero también tuvo la  oportunidad de demostrar que vive un proceso democrático muy consolidado”, evalúa Ricardo Restrepo, docente de la Escuela de Constitucionalismo y Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), refiriéndose a la  revuelta policial que aquel día degeneró en un intento de golpe de Estado.     

Para el catedrático, el 30-S el país corrió el riesgo de derrumbarse nuevamente y volver a ese período de  crisis política que acabó con la expulsión de tres presidentes en tan solo una década, producto del  descontento popular expuesto en masivas manifestaciones.    

“Si hacemos un recuento, desde 1997 había inestabilidad en los gobiernos y duró hasta 2006. Ecuador era prácticamente un Estado fallido”, observa el docente, pues de acuerdo al Latinobarómetro, un estudio de opinión pública, los ecuatorianos eran los ciudadanos que menos confianza tenían en la democracia y en sus instituciones, especialmente  durante  ese periodo de crisis.           

Sin embargo, a raíz de los actos del 30-S se demostró que el criterio de  la ciudadanía ya había evolucionado  y que recuperó la autoestima nacional. Por esa razón, la gente indignada salió a las calles, defendió el orden constitucional y no permitió que se repitiera un nuevo golpe de Estado en el país.            

En ese contexto, Ecuador aprendió mucho de la experiencia del  golpe de Estado en Venezuela (2002), para no repetir los mismos errores. Y recordó que, cuando se desarrollaba la rebelión policial en varios sectores estratégicos del país, los canales de televisión privados se remitieron a la señal del canal público  Ecuador TV, lo que ayudó a no repetir el caso de Venezuela donde se comprobó que las cadenas de televisión dieron amplia cobertura a las marchas que eran convocadas por los líderes de la oposición contra el presidente Hugo Chávez cuando se efectuó el golpe de Estado.       

Aún así reseñó que aquel día un grupo de opositores al Gobierno del presidente Rafael Correa ingresó   forzosamente y con violencia a las instalaciones de Ecuador TV, lo que ocasionó que más ciudadanos salieran a las calles a defender la democracia: “Ahí tenemos una correlación para entender cómo las personas se apropiaron de su nuevo Estado.  Y demuestra que existe un proceso de autodeterminación en la consolidación del proceso democrático”, precisa Restrepo.

En lo que respecta a los procesos de investigación sobre  los responsables de los acontecimientos del 30-S, el catedrático sostiene que es muy importante encontrar a los culpables, pero con una visión de justicia y  no de vencedores, porque quienes cometieron esos delitos deben responder y se les debe aplicar la ley  por la gravedad  de sus acciones.

PRISIÓN POR INTENTO DE MAGNICIDIO

Otro policía fue acusado de intento de magnicidio por los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010. En el juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Mario Eduardo M, quien fue representado por un defensor público, ya que no se presentó a la diligencia.

Durante la audiencia el fiscal del caso, Raúl López, mostró al juez el video grabado la tarde de la revuelta policial donde se observa al implicado señalando el automóvil que salía del hospital de la Policía  rescatando al presidente Rafael Correa y  en esos momentos exclama a toda voz “allá van, allá van para arriba”.  

Según la fiscalía eso demuestra claramente la intención de provocar que el carro donde estaba el Primer Mandatario sea agredido.

Al finalizar la audiencia el juez Frank Valverde decidió sindicar al sospechoso, que labora en la Policía Judicial, al tiempo que ordenó su prisión preventiva por 30 días mientras se inicia la indagación fiscal.

Una vez culminada la diligencia el uniformado irrumpió en el Juzgado y se entregó, por lo que en ese instante emitieron la boleta de encarcelamiento y fue conducido hasta la Cárcel 4.

El implicado dijo que ese día estuvo por coincidencia en el lugar, ya que fue a visitar a su esposa que estaba internada en el hospital y que no participó en los desmanes.

“Cuando se observa a personal de la fuerza pública disparando contra el Presidente, se evidencia un intento de golpe de Estado. Por eso, hay que tomar las medidas necesarias para que un hecho de esa naturaleza no vuelva a suceder”, afirma, tras anotar que lo primordial debe ser esclarecer los hechos en función de la verdad. “Parte de nuestra esencia democrática debe ser encontrar a quienes rompieron la ley”.

Restrepo concluye en que “cuando se atenta contra los derechos humanos y la democracia siempre hay consecuencias”.