$ 424,6 millones fueron el presupuesto que ahorró el Estado en los último 5 años, gracias a la incorporación de procedimientos penales directos, sistemas de mediación y reducción de audiencias fallidas. Esa fue la cifra con la que resumió Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, la Rendición de Cuentas de 2017, que se realizó en la Asamblea Nacional.

El titular del CJ detalló los logros del Plan Estratégico de la Función Judicial. Indicó que el año anterior ingresaron 630.406 juicios y se resolvieron 718.997, es decir, la tasa de resolución es de 1,14 (en 2012 fue de 0,77).

En cuanto a la cobertura judicial, Jalkh señaló que Ecuador tiene 2.083 jueces y con esto alcanzó una tasa de 12,42 administradores de justicia por cada 100 mil habitantes, superando el promedio regional que es de 11,51. Además, existen 733 defensores públicos y 841 fiscales, informó el Consejo de la Judicatura.

El titular de la Judicatura añadió que entre agosto de 2014 a diciembre 2017 se evitó que fallen 120.056 audiencias. Esto significó un ahorro de 41,4 millones de dólares.

La administración de justicia también fue eficiente respecto de las caducidades de prisión preventiva. El año pasado apenas hubo ocho casos y en 2016 fueron 11 a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, cuando se reportaron 2.061 caducidades.

En igual forma, desde agosto de 2014 a diciembre de 2017 se grabaron 778.155 audiencias, lo que significó un ahorro para el Estado de 31.5 millones de dólares.

Asimismo, hasta diciembre de 2017 se realizaron 37.077 audiencias mediante videoconferencias. Este sistema permitió un ahorro de $ 6.8 millones de los recursos públicos ya que se evitó que 27.417 personas privadas de libertad sean trasladadas a las diferentes diligencias, entre 2015 y 2017.

La infraestructura fue un factor fundamental dentro de dicha gestión. En 2017, el Consejo de la Judicatura inauguró modernos complejos en Quito (uno al norte y otro al sur de la ciudad), en El Empalme, en Guaranda, en Echeandía y en Tena.

En esta línea, el Presidente Jalkh destacó la agilidad con la que se resuelven las causas con el Código Orgánico General de Procesos, vigente desde mayo del 2016. Por ejemplo, un juicio Contencioso Tributario ahora concluye en un promedio de cinco meses (antes demoraba más de cuatro años). Un proceso Laboral hoy termina en cuatro meses y antes en más de un año. (I)